El Gobierno apoya recuperar la Laguna de la Janda y señala que la competencia es de la Junta

El Ejecutivo afirma compartir la voluntad de restaurar el mayor humedal interior histórico de la península, pero advierte que la gestión corresponde a Andalucía

El Gobierno de España ha manifestado su respaldo a la recuperación ambiental de la Laguna de la Janda, en la provincia de Cádiz, aunque ha precisado que no puede impulsar actuaciones unilaterales porque las competencias en materia de cuenca y ordenación hidráulica corresponden a la Junta de Andalucía. El Ejecutivo sostiene que cualquier intervención fuera del marco competencial “dificultaría la recuperación efectiva del humedal” y reitera que es la administración autonómica la que gestiona la cuenca Guadalete-Barbate.

La Laguna de la Janda, situada entre los términos municipales de Vejer de la Frontera, Barbate, Tarifa y Benalup-Casas Viejas, fue históricamente uno de los humedales más extensos de la península ibérica, alcanzando más de 4.000 hectáreas de superficie inundada antes de su desecación en los años cincuenta. Su ubicación en el corredor migratorio del Estrecho de Gibraltar le otorgó una función estratégica para miles de aves acuáticas y migratorias que conectan Europa y África, lo que ha convertido su eventual recuperación en un asunto de interés ambiental, científico y conservacionista.

La situación jurídica del antiguo vaso lagunar continúa siendo objeto de debate. Aunque una sentencia del Tribunal Supremo de 1967 validó los deslindes practicados por el Estado y reconoció que parte sustancial del humedal pertenecía al dominio público hidráulico, la Junta de Andalucía concluyó en un posterior expediente de investigación patrimonial que los terrenos son de titularidad privada en base a títulos derivados de la antigua concesión de desecación. Ese expediente fue remitido hace dos años al Ministerio para que determinase oficialmente la existencia de dominio público hidráulico, pero aún no existe resolución definitiva, lo que mantiene un escenario que organizaciones ambientales describen como un “limbo jurídico”.

Este bloqueo administrativo ha coincidido con la transformación agraria de la zona, donde explotaciones intensivas y superintensivas han consolidado el uso agrícola de terrenos históricamente inundables. Colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas han alertado del impacto sobre los acuíferos, la biodiversidad y la continuidad de un modelo que consideran incompatible con una futura restauración hidrológica del humedal.

En su respuesta, el Gobierno afirma “compartir plenamente la voluntad” de recuperar la Laguna de la Janda, pero recuerda que cualquier proceso de restauración debe enmarcarse en el ámbito competencial vigente para evitar conflictos institucionales y garantizar la eficacia del resultado. También indica que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reunió el pasado 2 de julio a representantes locales, agricultores y ecologistas para abordar los escenarios posibles y planteó la incorporación del humedal al proyecto europeo Life Humedales, recientemente aprobado. Según el Ejecutivo, para que esto pueda materializarse es necesaria la iniciativa de la Junta, que debe solicitar su inclusión.

Hasta el momento, el Gobierno lamenta que la administración autonómica “no ha realizado ningún movimiento” para formalizar esta solicitud. También considera que no existe una alternativa que permita sortear estas competencias sin riesgo jurídico, de modo que cualquier solución pasa por un acuerdo interadministrativo que clarifique la titularidad, defina el alcance del proyecto y determine los instrumentos técnicos y financieros necesarios.

El debate político y social sobre la Janda se ha intensificado en los últimos años. Colectivos locales sostienen que su recuperación supondría una oportunidad histórica para Andalucía en materia de biodiversidad, turismo de naturaleza y adaptación climática. Asimismo, recuerdan que España mantiene compromisos internacionales relacionados con la conservación de humedales, protección de especies migratorias y restauración ecológica.

La ausencia de avances administrativos mantiene por ahora la situación en un punto de espera, aunque el interés institucional mostrado en los últimos meses sugiere un escenario en el que el diálogo entre administraciones será imprescindible para determinar el futuro de uno de los espacios naturales más emblemáticos del sur peninsular.