El Gobierno aprueba el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral para regular las prácticas de estudiantes

El Consejo de Ministros da luz verde al proyecto del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, que delimita las prácticas académicas y refuerza los derechos de los jóvenes, una medida que afectará a miles de estudiantes universitarios y de Formación Profesional en Cádiz.

El Consejo de Ministros aprobó este martes, 3 de marzo, el proyecto del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, una norma que regulará las prácticas académicas de estudiantes universitarios, de Formación Profesional y de enseñanzas vinculadas a los sistemas públicos de empleo. El texto será remitido ahora a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.

La nueva regulación, conocida como Estatuto del Becario, tiene como objetivo delimitar la frontera entre la formación práctica y la relación laboral, con el fin de evitar situaciones fraudulentas en las que las prácticas encubren puestos de trabajo. La medida afectará a miles de jóvenes en toda España, incluidos estudiantes de la provincia de Cádiz que cada año realizan prácticas en empresas, administraciones públicas y entidades sociales.

Según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, la norma llega después de que se haya superado la cifra de dos millones de jóvenes que han cotizado por prácticas formativas no remuneradas desde el 1 de enero de 2024. El 56% de esas personas son mujeres.

El proyecto establece que las prácticas no laborales deberán estar vinculadas obligatoriamente a estudios oficiales universitarios, a la Formación Profesional o a enseñanzas promovidas por los servicios públicos de empleo. En caso contrario, se considerará que existe una relación laboral ordinaria. También se presumirá relación laboral si la persona en prácticas sustituye a un trabajador o realiza funciones estructurales propias de la plantilla.

Además, las prácticas deberán formalizarse por escrito mediante un acuerdo o convenio de cooperación entre la empresa o administración y el centro formativo. En ese documento deberá constar el plan formativo individual y la duración máxima de las prácticas.

La norma introduce también la obligatoriedad de una doble tutorización: una persona designada por la entidad donde se desarrollan las prácticas y otra por el centro educativo. El objetivo, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, es garantizar que la actividad tenga un contenido formativo real.

Entre las novedades figura la prohibición de que el acceso a la formación práctica esté condicionado al pago por parte del estudiante. Asimismo, se reconoce el derecho a la compensación de los gastos derivados de las prácticas no laborales.

En materia sancionadora, el Gobierno anunció un refuerzo de la actuación de la Inspección de Trabajo. Las sanciones por incumplimientos podrán superar los 250.000 euros en los casos más graves.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que la finalidad de la norma es definir estándares de “formación de calidad” y preservar el carácter formativo de las prácticas. El texto forma parte de los compromisos derivados de la reforma laboral aprobada en 2021.

Impacto en el ámbito educativo y empresarial

En provincias como Cádiz, donde universidades, institutos de Formación Profesional y centros de empleo mantienen convenios con empresas del sector servicios, industrial, turístico y público, la aplicación del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral obligará a revisar acuerdos y procedimientos internos para adaptarlos a la nueva regulación.

Cada curso académico, estudiantes de la Universidad de Cádiz y de ciclos formativos realizan prácticas en empresas y administraciones locales. La nueva norma establece límites más claros sobre la duración, el contenido formativo y las condiciones en que deben desarrollarse estas estancias.

Otros acuerdos del Consejo de Ministros

En la misma reunión, el Gobierno aprobó una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, en la que reafirma su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres. También se presentó un informe sobre violencia digital contra las mujeres y se anunciaron propuestas para reforzar los controles en plataformas digitales.

En el ámbito internacional, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó de que ya están en marcha operaciones de evacuación de ciudadanos españoles en distintos países de Oriente Próximo, tras el aumento de la tensión en la región. Según detalló, más de 175 españoles vuelan ya hacia Madrid desde Abu Dabi.

El proyecto del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral inicia ahora su recorrido parlamentario. Su aprobación definitiva dependerá del debate y las posibles enmiendas en el Congreso y el Senado.