El Ejecutivo también ha aprobado el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, medidas para impulsar la Salud de Vanguardia e inversiones para digitalizar las Administraciones Públicas.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes el proyecto de Ley Crea y Crece, una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que el objetivo de la norma es impulsar la creación de empresas, facilitar su expansión y mejorar el clima de negocio en todo el territorio nacional.
Calviño ha resaltado que la futura norma reduce el coste económico para crear empresas y simplifica los trámites. Se podrá constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de un euro, frente al mínimo actual de 3.000 euros; por otra parte, se promueve la creación telemática, con la consiguiente reducción de plazos y de costes notariales y registrales.
Para favorecer el crecimiento empresarial, la norma incluye medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad y solvencia de muchas empresas, en especial las pymes.
Entre estas iniciativas, Calviño ha destacado la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos para garantizar así una mayor trazabilidad y control de los pagos. Además, el texto establece que las empresas que no cumplan los plazos legales de pago no podrán acceder a subvenciones públicas, incluidas las del Plan de Recuperación. El Gobierno prevé la creación, en el plazo de seis meses, de un observatorio estatal de la morosidad, que se encargará de hacer un seguimiento de los plazos.
La norma mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas al simplificar la legislación existente, eliminar obstáculos, agilizar los procedimientos y ampliar el catálogo de actividades exentas de licencia. Asimismo, refuerza el papel de la nueva conferencia sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.
El proyecto potencia los instrumentos alternativos al crédito bancario, como el ‘crowdfunding’ o la financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.
Comunicación audiovisual
El Gobierno ha acordado la remisión a las Cortes del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que adapta la legislación a la realidad de un mercado en crecimiento y en constante transformación tecnológica, con nuevas plataformas y regula la igualdad de trato de todos los agentes que operan en el mercado.
Nadia Calviño ha insistido en que hay que reforzar el papel de España como ‘hub’ audiovisual en Europa y el ‘hub’ audiovisual en español en el conjunto de la industria internacional.
El proyecto de ley, a juicio de la vicepresidenta primera, ilustra el fuerte compromiso del Gobierno con el impulso del español y del resto de las lenguas cooficiales en el ámbito audiovisual. «Hemos logrado un buen equilibrio entre el impulso a la producción nacional, la emisión en lenguas cooficiales y el fuerte apoyo al sector audiovisual y a la atracción de inversiones, actividad económica y talento a nuestro país», ha dicho.
Calviño ha destacado que la futura ley incorpora, por primera vez, unos principios aplicables a todo el sector audiovisual, que están inspirados en los valores de nuestras sociedades democráticas: la protección de la dignidad humana y, en particular, de las mujeres; la obligación de transmitir una imagen respetuosa y apreciativa con las personas con discapacidad; la promoción del pluralismo lingüístico y la veracidad de la información.
La norma también refuerza la protección de los menores, al establecer la obligación a todos los prestadores de servicios de facilitar información sobre el contenido que pueda ser perjudicial para ellos. Fija horarios de protección reforzada para el servicio televisivo lineal en abierto y exige que las plataformas de intercambio de vídeos operen con sistemas de verificación de edad.
La vicepresidenta también ha resaltado que se prohíbe la publicidad subliminal, de tabaco y cigarrillos electrónicos, así como aquella que vulnere la dignidad humana o que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio. La publicidad de bebidas alcohólicas se restringe a determinadas franjas horarias.
El texto refuerza la promoción de obra audiovisual europea de productores independientes y fomenta la producción de obras audiovisuales dirigidas o producidas por mujeres. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal tendrán que reservar el 51% del tiempo de emisión a obras audiovisuales europeas. De ese porcentaje, el 50% se reserva a obras en la lengua oficial del Estado o de las comunidades autónomas. De esa subcuota, RTVE tendrá que reservar un mínimo del 15% a obras de alguna de las lenguas oficiales de las comunidades. La norma prevé la posibilidad de establecer programas de ayudas al subtitulado o doblaje de las obras audiovisuales en estas lenguas.
El proyecto de Ley establece que la financiación de RTVE se realice con las aportaciones de todos los agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia.
Nadia Calviño ha subrayado que el proyecto aprobado hoy complementa el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, aprobado el 16 de noviembre, y ha anunciado que en las próximas semanas se acordaran inversiones relacionadas con el ‘hub’ audiovisual, los proyectos de innovación en este ámbito, la renovación de equipamiento y la creación de la oficina de atracción de rodajes.
Limitación de los vuelos de países del sur de África
Ante la aparición de una nueva variante del COVID-19, conocida como «ómicron», el Consejo de Ministros ha suspendido los vuelos entre determinados países del sur de África y los aeropuertos españoles.
La portavoz del Ejecutivo ha concretado que a partir de las 00:00 horas del 2 de diciembre y hasta las 24:00 horas del 15 de diciembre, solo se podrán realizar vuelos desde cualquier aeropuerto de Botsuana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue a cualquier aeropuerto de España cuando se trate de aeronaves que transporten exclusivamente a: nacionales españoles o andorranos; residentes en España o Andorra; pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.
Además, ha aclarado que, aunque el acuerdo se ha aprobado hoy, desde el viernes se adoptó la exigencia de un certificado de vacunación y PCR negativa; la cuarentena obligatoria para todos los pasajeros procedentes de países de riesgo y la necesidad de realizar un test de antígenos a su llegada a los aeropuertos españoles.
España es un país seguro
La portavoz ha afirmado que España está actuando con absoluta celeridad para detectar posibles casos de la nueva variante y aplicar los protocolos adecuados en coordinación con las autoridades europeas. «España es un país seguro que sigue liderando los indicadores de vacunación y es el país con menos incidencia de nuestro entorno», ha añadido.
Isabel Rodríguez ha hecho un llamamiento a mantener la responsabilidad, la prevención y la vacunación para abordar con la mayor normalidad posible las próximas navidades. Asimismo ha reiterado el compromiso del Gobierno con la vacunación solidaria: «Somos el quinto país en términos absolutos en donación de vacunas. Vamos a ir a ese compromiso del presidente del Gobierno de donar 50 millones de vacunas antes de que finalice el primer trimestre del próximo año».
Salud de Vanguardia
El Gobierno ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la Salud de Vanguardia, un instrumento de colaboración público-privada que busca transformar este ámbito a través de la ciencia y la innovación. La meta es impulsar un sistema sanitario de altas prestaciones basado en la medicina de precisión, las terapias avanzadas y la inteligencia artificial.
Este PERTE prevé una inversión de al menos 1.469 millones de euros en el período 2021-2023, con una contribución pública de más de 982 millones y una inversión privada estimada en cerca de 487 millones.
Tratamientos con nombres y apellidos
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha asegurado que la salud de vanguardia persigue que cada paciente reciba un tratamiento «con nombres y apellidos» gracias a la implementación equitativa de la medicina personalizada de precisión, la promoción de terapias avanzadas y fármacos innovadores y el aprovechamiento de las diferentes fuentes de datos.
Morant ha explicado que la medicina de precisión es un proceso clínico que incorpora los datos genómicos de las personas y los combina con otros relevantes para su salud como los clínicos o socioeconómicos, los hábitos de vida o incluso su exposición ambiental, de forma que, utilizados de manera precisa e integrada permiten mejorar la toma de decisiones sobre la salud individual y la salud pública.
Por su parte, los medicamentos de terapia avanzada incluyen las terapias génica y celular y la ingeniería tisular, y son el paradigma de la innovación terapéutica orientada a las necesidades de cada paciente.
La ministra ha puesto como ejemplo la terapia contra la leucemia linfoblástica que desarrollan y producen el doctor Álvaro Urbano y su equipo de investigación en el Hospital Clínic de Barcelona, en la que modifican genéticamente las defensas del paciente para que sean capaces de atacar las células cancerígenas con una fuerza cien veces mayor.
«Esto está ocurriendo ya en nuestro país, en nuestro sistema público de salud», ha subrayado Morant, «y esto es lo que queremos que siga ocurriendo, con una inversión pública sin precedentes para que nadie tenga que cruzar el océano y gastarse miles de euros en un tratamiento avanzado porque podrá ser su país y su Sistema Nacional de Salud los que pongan a disposición este tratamiento».
Crecimiento e innovación en el sector sanitario
La ministra ha señalado que este PERTE se concibe también como una oportunidad para contribuir a la prosperidad, al crecimiento económico y a la creación de empleo en torno a la salud desde el sector sanitario, «muy importante en nuestro país como demuestran las cifras: el gasto público sanitario en 2019 fue de más de 75.000 millones de euros, el 6% del PIB».
La previsión es que el proyecto genere una contribución en el Producto Interior Bruto (PIB) de más de 4.300 millones y permita crear unos 12.700 puestos de trabajo, gracias al impulso de los fondos europeos y también a la colaboración público-privada «del siglo XXI, donde el Estado emprendedor invierte y coopera con las empresas», ha afirmado Morant.
Los cuatro objetivos clave son posicionar a España como país líder en terapias avanzadas y fármacos innovadores orientados a la curación de enfermedades como la diabetes y neurodegenerativas como el ELA; transferir la investigación a las empresas para que las terapias sean producidas y fabricadas en España; desarrollar un Sistema Nacional de Salud digital para la recogida y análisis de todos los datos necesarios, y llevar la transformación digital a la atención primaria.
Impulso de la investigación
También en el ámbito de la ciencia y la investigación, ha proseguido la ministra, el Ejecutivo ha autorizado la convocatoria 2021 para centros de excelencia «Severo Ochoa» y unidades de excelencia «María de Maeztu». En concreto, se financiará con 44 millones de euros, un 10% más que la edición anterior, a los mejores centros y unidades de investigación en España, de acuerdo a la relevancia internacional de sus resultados y a su contribución significativa en la ampliación de la frontera del conocimiento.
Asimismo, se destinarán 19 millones de euros a la contratación en empresas de doctores o doctorandos a través de la convocatoria de 240 ayudas de los programas «Torres Quevedo» y «Doctorados Industriales». El primero contará con 15 millones para contratar a 180 doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental o estudios de viabilidad técnica previos. El segundo, con un presupuesto de cuatro millones de euros, subvencionará la formación de 60 doctorandos.
«Estas convocatorias van a producir más investigación de excelencia, más oportunidades para las personas que investigan e innovan en nuestro país y más cultura de la innovación en nuestras empresas», ha asegurado Diana Morant.
Transformación digital de las comunidades autónomas
El Gobierno ha acordado distribuir más de 118 millones de euros entre las comunidades y las ciudades autónomas para su transformación digital y modernización, uno de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta cantidad corresponde al año 2021, mientras que en 2022 y 2023 se destinarán otros 450 millones.
La propuesta de reparto, basada en la población, se someterá a la Conferencia Sectorial de Administración Pública. Las comunidades y ciudades autónomas deberán proporcionar información sobre los diferentes proyectos que se proponen financiar, que versarán sobre digitalización, infraestructuras digitales, operaciones inteligentes, ciberseguridad o sanidad.
El objetivo, ha señalado Isabel Rodríguez, es conseguir una Administración del siglo XXI, «más fácil para el ciudadano».
Subvención para realojos de familias de la Cañada Real Galiana
El Gobierno ha concedido una subvención de cinco millones de euros a los ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid para poner en marcha programas de realojo para familias en situación de vulnerabilidad social extrema en los sectores cuatro, cinco y seis de la Cañada Real Galiana.
Isabel Rodríguez ha enmarcado este acuerdo en el compromiso del Ejecutivo con la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Asimismo ha instado a cada administración a cumplir con su responsabilidad para atajar el grave problema de exclusión social y vulneración de derechos básicos en la zona del que también ha alertado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La ministra ha recordado que el Pacto regional para la Cañada Real vigente fija una hoja de ruta y establece que, como cuestión más urgente, se debe garantizar el acceso al suministro eléctrico a las personas que viven en este asentamiento.
Cambios en el Concierto Vasco
El Consejo de Ministros ha modificado la Ley del Concierto Económico con País Vasco para adaptarla a la directiva comunitaria sobre IVA electrónico transfronterizo y a los nuevos impuestos sobre transacciones financieras y sobre determinados servicios digitales.
En concreto, se aclara cuál es la administración competente para exigir el pago del IVA electrónico transfronterizo; en el caso de los otros dos impuestos, se establece que las Diputaciones Forales exigirán su pago aplicando las mismas normas que el Estado y que la competencia inspectora dependerá del domicilio fiscal del contribuyente.
Día Internacional de la Acción contra el VIH/Sida
El Ejecutivo ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Acción contra el VIH/Sida que se conmemora cada 1 de diciembre. Mañana se cumplen cuarenta años del primer caso diagnosticado, ha destacado la portavoz.
En el texto, el Gobierno manifiesta su compromiso con el fin del VIH como problema de salud pública en el año 2030 y afirma que la consecución de ese objetivo debe realizarse desde la perspectiva de la igualdad de derechos, de trato y de oportunidades.
Reconocimiento a Almudena Grandes
Isabel Rodríguez también ha informado de que el Gobierno ha concedido a título póstumo la Medalla al Mérito en las Bellas Artes en su categoría de oro a la escritora Almudena Grandes, fallecida el sábado.
La portavoz ha reconocido la contribución de Grandes a la internacionalización de la literatura española y a la promoción de la lectura.