El Ejecutivo también acuerda remitir a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, que incrementa la financiación y reduce la temporalidad del personal docente e investigador
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Empleo, que forma parte de la reforma estructural del mercado de trabajo y fue presentado el pasado mes de diciembre.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha indicado que la norma da cumplimiento al componente 23 de la Modernización de las Políticas Activas de Empleo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Díaz ha incidido en que es una norma transversal, que mejora la formación y la cualificación de los asalariados y su posición de partida en las empresas: «La mirada no es para las personas que están en desempleo, sino para el conjunto de la población asalariada».
Para mejorar la empleabilidad, se incorpora el rigor científico al tratamiento de los datos relacionados con el empleo. Se crean tres tasas: de intermediación, de empleabilidad y de cobertura.
Los servicios públicos de empleo tendrán que asesorar a los demandantes respecto a todas las medidas de protección, aunque no sean estatales, que les puedan favorecer en su vida laboral. En este sentido, la vicepresidenta ha precisado que la norma homologa el concepto de empleabilidad a los estándares de la Unión Europea.
La norma también plantea que los trabajadores tienen derecho a que se les preste una cartera común de servicios con independencia del lugar en el que residan. Cada persona tendrá un perfil digital individualizado, un itinerario personalizado y recibirá tutorización a lo largo de su vida laboral. Esta orientación, ha añadido Yolanda Díaz, incorpora por primera vez a los emprendedores y a los autónomos: «Se trata de que vayamos actuando desde los servicios públicos de empleo de forma pormenorizada a cada persona que lo precise».
La futura ley dotará a las políticas activas de empleo de una dimensión local, al establecer fórmulas de colaboración con las administraciones locales que tengan recursos materiales y humanos para dispensarlas. La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales formulará recomendaciones para atender las necesidades específicas en cada territorio.
Yolanda Díaz ha resultado que la atención a 1.600.000 de trabajadores con discapacidad será prioritaria, así como a otros colectivos con dificultades de inserción, permanencia y consolidación en el mercado de trabajo, como las personas LGTBI, los mayores de 45 años, las personas gitanas o de otra minoría étnica y las mujeres víctimas de violencia de género.
Respecto a la financiación de la norma, la vicepresidenta ha explicado que pasa a ser plurianual porque las políticas de empleo públicas no se interrumpen el 31 de diciembre, sino que hay proyectos que se extienden más allá del periodo fiscal. Por tanto, las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de justificar y ejecutar programas hasta el 31 de marzo.
Agencia Estatal de Empleo
La titular de Trabajo ha confirmado que el actual organismo autónomo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se transformará en seis meses en la Agencia Española de Empleo, una entidad de carácter público digitalizada, modernizada y que tendrá carácter multidisciplinar.
La oficina contará con la unidad de análisis de datos, que planteará políticas públicas encaminadas a mejorar la empleabilidad, y con la unidad centralizada de datos que, utilizará el ‘big data’ y la inteligencia artificial para extraer información estadística. Además, dispondrá de especialistas con nuevos perfiles laborales.
Impulso del Trabajo Autónomo
El Gobierno también ha aprobado hoy la primera Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo (ENDITA) 2022-2027, una iniciativa que engloba las líneas políticas de actuación en la materia que se van a desarrollar en los próximos cinco años.
Yolanda Díaz ha subrayado que se trabajará en la definición el concepto de trabajador autónomo, dado que, a veces, es complejo delimitar qué es trabajo asalariado y qué trabajo autónomo. Además, se abordará la representatividad de las asociaciones del sector, se equilibrará la protección social de las personas autónomas con la de las asalariadas y se estudiará la tributación de los autónomos para que esté vinculada a los ingresos reales.
La vicepresidenta ha añadido que la norma contempla asimismo la prevención de riesgos laborales, la conciliación y la economía de los cuidados.
Formación para trabajadores ocupados
El Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de subvenciones públicas para programas de formación de ámbito estatal dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y a cubrir las necesidades de los sectores más innovadores.
Yolanda Díaz ha aclarado que la oferta forma parte de lo que se conoce como formación a demanda de las empresas, es decir, que son ellas las que presentan proyectos concretos de formación».
En este sentido, la vicepresidenta segunda ha precisado que se dotará a las compañías de 300 millones de euros para que realicen la formación que «estimen imprescindible para llevar adelante los procesos de innovación tecnológica, digital y de sostenibilidad».
Proyecto de Ley de Orgánica del Sistema Universitario
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, que ahora será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria y que renovará la ley vigente, que data de 2001.
El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha afirmado que el texto plantea soluciones a los cambios y problemas surgidos en estos últimos 20 años, como la falta de financiación pública adecuada, el aumento de estudiantes y la falta de una tasa de reposición suficiente que permitiera renovar al profesorado. Asimismo, prepara al sistema universitario para «mirar hacia el futuro en temas de talento, empleabilidad e internacionalización».
Subirats ha explicado que actualmente existen en España 50 universidades públicas y 37 privadas con centros repartidos en 200 ciudades, 120.000 profesores y 60.000 personas de Administración y Servicios (PAS): «Tenemos una estructura muy potente que necesitamos que, tanto en términos locales como internacionales, mejore su capacidad de atracción y de empleabilidad para ayudar a que el país se ponga al ritmo que necesita».
Financiación e investigación
La nueva ley plantea el compromiso de un gasto mínimo del 1% del PIB para la financiación del sistema universitario. Subirats ha recordado que la Ley Orgánica de Educación ya recoge un 5% del PIB dedicado al sistema educativo en su conjunto y que la Ley de Ciencia, que ahora se tramita en el Congreso, también establece un porcentaje para investigación, concretamente del 1,25%.
En relación con la investigación en el ámbito universitario, el ministro ha señalado que existe un buen nivel pero que debe mejorarse la transferencia de conocimientos, un aspecto que se refuerza en la norma.
Estabilidad del profesorado y carrera académica
El ministro ha anunciado la incorporación de 25.000 profesores universitarios asociados como indefinidos antes de diciembre de 2024, como parte del compromiso del Gobierno con la lucha contra la temporalidad y la precariedad.
Asimismo, se establecerá una carrera académica más clara, con solo tres etapas -acceso, estabilización y promoción- y más garantías para el personal docente e investigador. Otro objetivo es lograr un rejuvenecimiento de las plantillas y mejorar la estabilización del personal, ya que, ha dicho Subirats, «en ocho años el 53% de profesores permanentes va a jubilarse mientras tenemos personas de 40 y 45 años en una situación relativamente precaria esperando estabilización».
Formación a lo largo de la vida
La ley determina que la formación a o largo de la vida sea una función básica de la universidad: «Claramente hemos superado esa fase en la cual la gente estudiaba un tiempo para luego trabajar de lo que había estudiado toda la vida; estamos en una etapa en la cual, si quieres seguir trabajando, tienes que estar formándote siempre», ha insistido el ministro.
El objetivo marcado por la Unión Europea es que en 2030 el 60% de la población de 16 a 75 años realice alguna actividad formativa. Actualmente, un 30% de la población europea ya lo hace, una media que se reduce al 15% en España. Además, en nuestro país solo un 6% de mayores de 30 años cursan estudios de grado o posgrado.
Subirats ha hecho hincapié en la necesidad de aprovechar la gran capacidad e infraestructura del sistema universitario para incorporar a más personas, por ejemplo, permitiendo que el reconocimiento de la experiencia profesional sirva para cursar estudios y programas con los que obtener reconocimiento académico.
Internacionalización
Joan Subirats ha destacado finalmente que en la ley habrá un apartado dedicado a internacionalización y movilidad, para acabar con la paradoja actual de que España sea el primer país europeo en recepción de estudiantes del programa europeo Erasmus pero solo tenga un 9% de estudiantes internacionales cursando estudios de grado y posgrado y un 2% de profesorado internacional. «Tenemos la necesidad de internacionalizar nuestro sistema y esta ley apunta a ello», ha concluido.
Ayudas para adquirir libros de texto
El Consejo de Ministros ha acordado la distribución de 58,5 millones de euros entre las comunidades autónomas para ayudar al alumnado de centros sostenidos con fondos públicos a adquirir libros de texto y materiales didácticos.
Rodríguez ha señalado que estas ayudas se enmarcan en el compromiso del Gobierno con la educación pública de calidad y la igualdad de oportunidades y propiciarán que «aquellas familias en situación de mayor vulnerabilidad no tengan ningún problema a la hora de adquirir el material pedagógico y escolar para sus hijos».
Plan contra los incendios forestales 2022
El Ejecutivo ha aprobado el Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales para el año 2022, así como el el informe de ejecución de las medidas adoptadas en 2021. A lo largo del pasado ejercicio se produjeron 8.780 incendios en nuestro país.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado que mediante este plan anual el Estado pone todos sus medios a disposición de las comunidades y ciudades autónomas y otros países de nuestro entorno. Este año, en el que ya está en marcha la campaña estival contra incendios forestales, están movilizadas las Brigadas de Lucha contra Incendios Forestales (BRIF), 2.000 efectivos del Seprona y 1.400 efectivos militares, además de distintos medios materiales terrestres y aéreos.
Rodríguez ha anunciado también que hoy mismo se ha puesto en marcha un mecanismo integrado en la Red de Alerta Nacional que permite enviar mensajes sms a las personas que se encuentran en una zona afectada por emergencias, lo que facilitará la transmisión de las medidas de prevención o acción que deban tomarse en cada caso y que estas puedan llevarse a cabo con mayor rapidez.
Reconocimiento
La portavoz ha lamentado los incendios que en los últimos días han asolado distintas zonas del país, ha mostrado su reconocimiento a todos los efectivos y equipos trabajan para sofocarlos y ha anunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará mañana a la Sierra de la Culebra en Zamora, donde se ha producido «el incendio más grave que ha sufrido nuestro país en cuanto a su dimensión».
Medidas y planes de actuación para el periodo estival
El Consejo de Ministros ha acordado medidas y planes de actuación con motivo del período estival para el año 2022, que contempla actuaciones por parte de varios ministerios.
Isabel Rodríguez ha concretado que las iniciativas conjuntas se desarrollarán en el ámbito de la seguridad ciudadanos, los desplazamientos, la Operación Paso del Estrecho, la protección de la salud, la inmigración y la economía irregular. Además, cada ministerio ha preparado actuaciones concretas en su ámbito de actuación. El acuerdo incluye el plan de prevención por altas temperaturas.
Completado el procedimiento de ayudas por ‘Filomena’
El Gobierno ha autorizado la asignación definitiva de las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular causados por la borrasca ‘Filomena’ en enero de 2021.
En total, se han otorgado 142,4 millones de euros, que sufragarán el 50% de los proyectos presentados. Isabel Rodríguez ha valorado positivamente que el tiempo de resolución de los trámites se haya reducido a 170 días frente a los 400 días de media en procedimientos similares en 2019.