El Gobierno aprueba la mayor inversión en dependencia de la historia con 2.218 millones de euros adicionales

El Ejecutivo destinará 2.218 millones de euros extra al sistema de dependencia, la mayor inversión en dependencia de la historia democrática, con el objetivo de aumentar la financiación estatal hasta el 50% en 2027 y reforzar la atención a más de 1,6 millones de personas.

El Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto-ley que incorpora 2.218 millones de euros adicionales al sistema de atención a la dependencia, lo que el Gobierno define como la mayor inversión en dependencia de la historia democrática. El anuncio lo realizó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto celebrado en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en Madrid.

Según explicó el jefe del Ejecutivo, la medida supone multiplicar casi por cinco la financiación estatal destinada a dependencia desde 2018 y permitirá elevar la aportación de la Administración General del Estado hasta superar los 7.200 millones de euros en 2027. El objetivo marcado por el Gobierno es que el Estado asuma el 50% de la financiación del sistema en esta legislatura.

El Real Decreto-ley incrementa las cuantías mínimas que reciben las comunidades autónomas, competentes en la gestión de la dependencia. De acuerdo con lo anunciado, las personas con grado II de dependencia contarán con el doble de financiación para su atención, mientras que quienes tienen grado III verán más que duplicado el apoyo. Se mantiene además el denominado grado III+, aprobado el pasado año para personas en situación de extrema dificultad, como los pacientes con ELA.

El Ejecutivo sostiene que este refuerzo presupuestario permitirá mejorar la atención de más de 1,6 millones de personas en todo el país, así como las condiciones de sus familias y de los profesionales que prestan cuidados. Entre los objetivos señalados figuran la reducción de las listas de espera, el refuerzo de los servicios y la mejora de las condiciones laborales en el sector.

Durante su intervención, Sánchez enmarcó la medida en el proceso de transformación del sistema de dependencia iniciado en los últimos años. Recordó que entre 2012 y 2020 la aportación estatal se mantuvo en niveles que calificó de “mínimos históricos” y que, desde entonces, la inversión ha pasado de algo más de 1.300 millones de euros a cerca de 3.800 millones en 2025.

La aprobación de esta partida extraordinaria tendrá impacto en el conjunto de las comunidades autónomas, que deberán aplicar los fondos en la red de servicios y prestaciones vinculadas a la dependencia. En provincias como Cádiz, donde miles de personas están reconocidas en alguno de los grados de dependencia, la financiación estatal es un elemento clave para sostener recursos como la ayuda a domicilio, los centros de día o las plazas residenciales.

El sistema para la autonomía y atención a la dependencia, creado en 2006, establece distintos grados en función de la situación de la persona beneficiaria y prevé tanto prestaciones económicas como servicios profesionales. La financiación es compartida entre el Estado y las comunidades autónomas.

La medida anunciada deberá ser convalidada en el Congreso de los Diputados al tratarse de un Real Decreto-ley. El Gobierno la presenta como uno de los principales compromisos sociales de la legislatura en materia de derechos y políticas de cuidados.

Con esta ampliación presupuestaria, el Ejecutivo busca consolidar el peso de la financiación estatal dentro del sistema y reforzar la estructura de atención a personas mayores, dependientes y con discapacidad, en un contexto de envejecimiento progresivo de la población y aumento de la demanda de servicios asistenciales.