El Gobierno aprueba nuevas ayudas a los carburantes y limita al 15% la subida del gas

Las ayudas a los carburantes incluyen rebajas fiscales decrecientes hasta diciembre y apoyos específicos al transporte, la agricultura y la pesca, mientras la bombona de butano tendrá un precio máximo de 19,55 euros hasta junio de 2027

El Consejo de Ministros ha aprobado este 29 de septiembre un tercer real decreto ley para afrontar las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Medio, con nuevas ayudas a los carburantes y medidas destinadas a contener el encarecimiento de la energía durante el último trimestre de 2026. La norma limita al entorno del 15% la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural en octubre y mantiene apoyos para sectores como el transporte, la agricultura y la pesca.

La intervención sobre la tarifa regulada del gas afectará a más de tres millones de consumidores. El decreto reduce al 35% el peso de la cotización del gas en la fórmula utilizada para calcular la TUR, con lo que el incremento máximo quedará alrededor del 15%, frente al alza superior al 45% que, según el Gobierno, se produciría sin esta medida.

También se fija un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027. El precio máximo vigente se sitúa en 18,84 euros, por lo que la medida permite un aumento limitado durante los próximos meses.

El paquete mantiene durante el último trimestre del año las ayudas al combustible para el transporte terrestre, marítimo y ferroviario. En el transporte por carretera se amplía la subvención al gasóleo profesional para los vehículos con derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos.

La ayuda será de cinco céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre de 2026. Estas cantidades podrán modificarse si se activa el mecanismo de salvaguarda previsto para la fiscalidad del gasóleo en función de la evolución de los precios.

El decreto incorpora además una ayuda directa extraordinaria para profesionales del transporte por carretera que no pueden acogerse a la devolución parcial del impuesto. Entre los posibles beneficiarios figuran determinados titulares de autorizaciones de transporte, autobuses urbanos y taxis adaptados. Las cuantías dependerán del número, el tipo y el combustible de los vehículos.

Para el transporte ferroviario de mercancías se habilita una línea adicional con una ayuda de 15.000 euros por cada locomotora diésel. La norma también prorroga las ayudas directas al transporte marítimo, una actividad con especial presencia en la Bahía de Cádiz y en las conexiones portuarias de la provincia.

En el ámbito agrario continuará la bonificación de 20 céntimos por litro para el consumo de gasóleo B, que se aplicará mediante la devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. El sector pesquero mantendrá la ayuda compensatoria dirigida a las empresas armadoras para hacer frente al aumento del coste del combustible y sostener la actividad de los buques.

Junto con los apoyos profesionales, el Ejecutivo ha aprobado nuevas reducciones fiscales para gasolinas y gasóleo. La rebaja será de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y seis céntimos en diciembre. Un mecanismo de salvaguarda permitirá recuperar una bonificación de hasta 20 céntimos si la evolución de los precios activa las condiciones establecidas.

La norma incluye igualmente una cláusula vinculada al precio de la electricidad y el gas. Si la inflación de la electricidad aumentó en septiembre un 15% respecto al mismo mes de 2025, el IVA de la luz bajará del 21% al 10% y el tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad pasará del 5,1% al 0,5%.

La reducción se aplicará a los contratos eléctricos con una potencia inferior a diez kilovatios y a los beneficiarios del bono social. La rebaja del IVA alcanzará también al gas natural, las briquetas, los pellets y la madera para leña.

El decreto mantiene las condiciones impuestas a las empresas beneficiarias de las ayudas. Entre ellas se encuentran la obligación de contar con un plan de movilidad sostenible para sus trabajadores y la prohibición de realizar despidos por causas relacionadas con el conflicto de Oriente Medio cuando hayan recibido apoyos vinculados a la crisis.

Estas medidas se suman al escudo social aprobado en marzo para todo 2026. Este contempla descuentos del 42,5% en el bono social eléctrico para consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos, eleva a 50 euros la ayuda mínima del bono social térmico y prohíbe cortar el suministro de agua y energía a hogares vulnerables.

En materia de seguridad energética, las reservas mínimas exigidas de gas natural licuado dentro del Plan de Acción Invernal pasarán de 16,5 a 21 días. También se duplicarán las multas previstas para las infracciones en el sector de los hidrocarburos y se modificará el sistema de Certificados de Ahorro Energético.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá estudiar la formación de los precios en los mercados mayorista y minorista y analizar en qué medida las rebajas y ayudas se trasladan a los consumidores. El organismo realizará asimismo un seguimiento de los precios de los productos alimentarios.

El Gobierno cifra en más de 12.000 millones de euros el esfuerzo presupuestario acumulado por los tres decretos del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El tercer paquete combina la prórroga durante tres meses de medidas que vencían el 30 de septiembre con cambios estructurales en las reservas y la regulación energética.