El Gobierno confirma su personación en la causa por la muerte de los guardias civiles en Barbate
El Ejecutivo recuerda que la Abogacía del Estado está personada en la causa por la muerte de los guardias civiles en Barbate y que ya ha solicitado la apertura de juicio oral por los hechos ocurridos en febrero de 2024 en el puerto barbateño.
El Gobierno ha confirmado que la Abogacía General del Estado está personada en la causa judicial abierta por la muerte de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha el 9 de febrero de 2024 en el puerto de la localidad. Según ha señalado en una respuesta parlamentaria a Vox, la representación legal del Estado ya ha solicitado la apertura de juicio oral y ha presentado su escrito de conclusiones provisionales.
La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate por los hechos ocurridos aquella noche, cuando una embarcación de alta velocidad embistió de forma frontal a una zodiac de la Guardia Civil. Como consecuencia del impacto fallecieron dos agentes y otros cuatro resultaron heridos.
La Fiscalía presentó el pasado mes de abril su escrito de acusación provisional, en el que solicita un total de 42 años de prisión para el piloto de la narcolancha, Karim E.B., que permanece en prisión desde septiembre de 2024. Para el segundo acusado, tripulante de la embarcación, pide dos años de cárcel.
En el caso del piloto, el Ministerio Público le atribuye dos delitos de asesinato agravado, por los que solicita diez años de prisión por cada uno; cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, con una petición de cinco años por cada uno; y un delito de atentado agravado, por el que reclama dos años más de cárcel. Para el acompañante, la acusación se limita a un delito de atentado agravado.
No obstante, la Fiscalía recoge en su escrito que en ambos acusados concurre la atenuante de arrepentimiento como muy cualificada respecto a todos los delitos.
El relato de los hechos describe que la zodiac oficial fue botada al agua alrededor de las 20.00 horas con la finalidad de que las embarcaciones de alta velocidad abandonaran el puerto, ante la alarma social generada por su presencia. Según la Fiscalía, los agentes no realizaron maniobras de persecución ni de acercamiento sobre las seis narcolanchas que se encontraban en la zona, limitándose a una actuación disuasoria.
Siempre según el escrito acusatorio, tras la llegada de la embarcación oficial al puerto, algunas de las narcolanchas comenzaron a maniobrar. Entre ellas se encontraba la de los acusados, que se aproximó a la zodiac y realizó hasta en seis ocasiones maniobras consideradas peligrosas y agresivas, navegando a gran velocidad y en círculos cerrados alrededor de la embarcación de la Guardia Civil.
La Fiscalía sostiene que estas maniobras tenían como finalidad amedrentar a los agentes y socavar el principio de autoridad, en un contexto de inferioridad para los efectivos, tanto por las diferencias de eslora y potencia entre las embarcaciones como por las condiciones de oscuridad y meteorología adversa.
Tras esas maniobras previas, el piloto dirigió la narcolancha hacia el interior del puerto para tomar distancia, incrementó la velocidad y, según el relato del Ministerio Público, orientó la proa directamente hacia la zodiac, cuyos sistemas luminosos estaban activados. La acusación mantiene que la colisión se produjo de forma frontal y sin que se modificara el rumbo ni se redujera la velocidad.
El impacto provocó que la embarcación de alta velocidad y sus hélices arrollaran la zodiac y a los agentes que se encontraban a bordo. La Fiscalía considera que el ataque fue deliberado y califica los hechos como dos asesinatos consumados y cuatro en grado de tentativa, además de un delito de atentado agravado.
La personación del Estado en la causa por la muerte de los guardias civiles en Barbate refuerza la presencia de la Administración en el procedimiento judicial, a la espera de que el juzgado avance en la tramitación hacia la apertura de juicio oral.
Los hechos ocurridos en el puerto barbateño generaron una fuerte conmoción en la provincia de Cádiz y reabrieron el debate sobre la presión del narcotráfico en la costa y los medios disponibles para las fuerzas de seguridad en la zona.
