El Gobierno constituye la Comisión de la Verdad sobre la Guerra y la dictadura
La Comisión de la Verdad sobre la Guerra y la dictadura, presidida por Baltasar Garzón, inicia sus trabajos para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante ese periodo y elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones.
La Comisión de la Verdad sobre la Guerra y la dictadura ha quedado formalmente constituida este martes en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en Madrid. El órgano, previsto en el Real Decreto 265/2025 que regula el Consejo de Memoria Democrática, tendrá como misión esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La comisión estará presidida por el jurista Baltasar Garzón y estará integrada por una veintena de personas expertas —entre titulares y suplentes— procedentes de los ámbitos académico, jurídico, científico y de los derechos humanos. Entre sus miembros figuran Helen Duffy, Julián Casanova, Araceli Manjón-Cabeza, Manuel de la Rocha, María Alejandra Vicente, Silvina María Romano, Cristina Monge, Sebastián Martín, Francisco Erice, Roberto Caldas, Matías Bailone, Gabriela Echeverría y Pilar del Río, entre otros.
Según ha informado el Ministerio, este órgano desarrollará sus trabajos con el objetivo de sistematizar el conocimiento existente y profundizar en los aspectos menos investigados de las vulneraciones de derechos humanos registradas entre 1936 y el final de la dictadura. Para ello, la comisión incorporará testimonios, documentación y análisis comparados con experiencias internacionales similares.
Entre sus principales funciones figura la elaboración de un informe final que recogerá conclusiones y recomendaciones orientadas a la reparación de las víctimas y a garantizar la no repetición de los hechos. El texto será uno de los resultados centrales del trabajo de la comisión, aunque no se ha concretado el plazo previsto para su presentación.
La creación de esta Comisión de la Verdad sobre la Guerra y la dictadura se enmarca en el desarrollo de la legislación estatal en materia de memoria democrática. El Real Decreto 265/2025 regula el funcionamiento del Consejo de Memoria Democrática, del que depende este nuevo órgano.
El objetivo declarado es contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto bélico y el régimen posterior, en coherencia con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición recogidos en el derecho internacional.
La constitución de esta comisión tiene relevancia para territorios como la provincia de Cádiz, donde la represión durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura dejó numerosas víctimas. En los últimos años, distintos municipios gaditanos han impulsado actuaciones vinculadas a la recuperación de la memoria histórica, exhumaciones y reconocimientos institucionales a personas represaliadas.
El trabajo de la comisión estatal podría aportar un marco común de análisis y conclusiones que complemente las investigaciones académicas y actuaciones desarrolladas hasta ahora a nivel autonómico y local. No obstante, su alcance concreto dependerá del contenido del informe final y de las recomendaciones que incluya.
La sesión constitutiva celebrada este 13 de mayo marca el inicio formal de los trabajos. A partir de ahora, los integrantes se organizarán en grupos especializados para abordar las distintas áreas de estudio relacionadas con las vulneraciones de derechos humanos durante la Guerra y la dictadura.
Con la puesta en marcha de este órgano, el Gobierno da cumplimiento a una de las previsiones incluidas en el desarrollo normativo de la política de memoria democrática, centrada en la investigación, reconocimiento y reparación de las víctimas del periodo comprendido entre 1936 y 1975.
