El Gobierno crea nuevas bajas por menopausia incapacitante y violencia de género
Las nuevas bajas por menopausia incapacitante y violencia de género no exigirán cotización previa y tendrán una protección superior a la de una enfermedad común
El Consejo de Ministros aprobó el 20 de octubre un real decreto ley que crea dos situaciones especiales de incapacidad temporal para las trabajadoras con patologías incapacitantes asociadas a la menopausia y para las víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar. La norma, que deberá ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso, incorpora además cambios en prestaciones destinadas a familias, huérfanos y personas afectadas por catástrofes.
Las nuevas bajas por menopausia incapacitante y violencia de género no requerirán un periodo mínimo de cotización. La prestación comenzará a cobrarse desde el día siguiente al inicio de la baja y ofrecerá una cobertura superior a la establecida para las incapacidades temporales derivadas de contingencias comunes.
La cuantía será equivalente al 60% de la base reguladora y aumentará al 75% a partir del vigésimo día. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, señaló que la medida afecta potencialmente a una parte significativa de la población laboral, en un país con más de 10,5 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social.
El decreto ley también modifica la cobertura de las incapacidades temporales provocadas por acontecimientos catastróficos. Estos procesos pasarán a recibir el mismo tratamiento que los derivados de un accidente de trabajo, sin necesidad de aprobar medidas extraordinarias específicas cada vez que se produzca una emergencia.
Otro de los cambios afecta a las familias que cuidan a menores con cáncer u otras enfermedades graves. Ambos progenitores podrán percibir la prestación correspondiente de manera alternativa o simultánea. La cobertura podrá mantenerse después de que la persona atendida cumpla 26 años si tiene reconocida una dependencia de grado III o una discapacidad igual o superior al 65%.
La norma facilita igualmente el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con hijos en común. Podrán solicitarla quienes acrediten dos años de convivencia, aunque la pareja no estuviera inscrita en el registro correspondiente. También se abrirá durante un año la posibilidad de acceder a esta prestación por fallecimientos anteriores para quienes ya la hubieran reclamado.
En el caso de los huérfanos por violencia contra las mujeres, la prestación económica quedará fijada en una cantidad equivalente al doble del salario mínimo interprofesional vigente. El decreto equipara además las indemnizaciones de las víctimas del terrorismo con y sin sentencia penal, tanto por lesiones incapacitantes como en las pensiones concedidas a los familiares de víctimas mortales.
El anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos se elevará de 100 a 300 euros mensuales. Su duración dejará de estar limitada a 18 meses y podrá extenderse hasta que finalice la obligación de abonar la pensión alimenticia, con el objetivo de cubrir los impagos que afectan a menores.
Junto a la reforma de las prestaciones, el Consejo de Ministros aprobó dos decretos en materia de vivienda. El primero distribuye 180 millones de euros entre las comunidades autónomas con municipios declarados como mercados residenciales tensionados. En España existen 317 localidades con esta consideración, repartidas en cinco comunidades y con una población conjunta superior a nueve millones de personas.
El reparto tendrá en cuenta la población incluida en estas zonas y el esfuerzo económico que deben realizar las familias para pagar el alquiler. Los fondos podrán utilizarse para promover o rehabilitar viviendas destinadas al alquiler social o asequible, comprar suelo, urbanizar terrenos, adquirir inmuebles del mercado libre para incorporarlos al parque público y cubrir avales o seguros dirigidos a jóvenes. Cataluña recibirá la mayor cuantía por concentrar el mayor número de zonas tensionadas.
El segundo decreto asigna 45 millones de euros a la construcción de alojamientos asequibles para estudiantes y personal de universidades públicas. El Ministerio de Vivienda calcula que esta financiación permitirá crear unas 2.000 plazas vinculadas a proyectos ya avanzados.
Entre las instituciones incorporadas a la iniciativa figuran la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad de Burgos, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universidad de Jaén y la Universidad de Lleida.
En el ámbito agrario, el Gobierno autorizó hasta nueve millones de euros para explotaciones afectadas por los incendios registrados durante 2026. Según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el fuego ha afectado este año a unas 270.000 hectáreas, de las que alrededor de 60.000 corresponden a terrenos agrícolas.
Las ayudas permitirán elevar hasta el 70% la subvención estatal de la prima del seguro agrario, el máximo permitido por la normativa europea, y compensar daños que no hayan recibido indemnización. Las cantidades previstas incluyen 3.500 euros por hectárea de frutales, 1.900 por hectárea de cítricos, 450 euros por cabeza de ganado bovino y 120 euros por colmena afectada.
El Ejecutivo acordó también transferir 19,1 millones de euros a las comunidades autónomas para programas de sanidad animal. A esta cantidad se sumará una transferencia de 50,1 millones procedentes de la Unión Europea para ayudas a la adquisición de fertilizantes, cuya distribución se abordará en una conferencia sectorial.
