El Gobierno de España ha asegurado que Zona Franca de Cádiz «justificó y certificó en 2023 el 100%» de los cinco millones de euros de fondos europeos consignados para un nuevo modelo de intervención en su incubadora de economía azul, Incubazul, en un ejercicio de «buena gestión y utilización de los fondos públicos que vienen de Europa».
Así lo ha expuesto en una respuesta a la pregunta escrita de Vox en el Congreso, recogida por Europa Press, en la que preguntaban sobre las obras para construir el complejo de Incubazul, advirtiendo que la actividad a este respecto es «nula», según se hacían eco de informaciones publicadas en algunos medios de comunicación.
«En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Sus Señorías que la pregunta parte de una premisa errónea, en tanto «la actividad de construcción» no es «nula» como afirma la publicación a la que se refiere la iniciativa, a la que se le ha pedido una rectificación por no ajustarse a la realidad», ha señalado.
Sobre los indicadores conveniados con Europa para Incubazul, el Gobierno ha señalado que se ha aportado «algún tipo de asesoramiento a más de 217 empresas, un 171% certificado por encima de los objetivos», y que 100 empresas han sido incubadas en Incubazul, de las cuales el 81% tiene actividad y «avanza en su desarrollo2». Además, se han registrado «más de 2.200 impactos directos en cuanto a la difusión y conocimiento de la incubadora, un 224% certificado más de lo previsto» y «más de 65 millones de impactos indirectos».
De esta manera, ha indicado el Gobierno en su respuesta escrita, Incubazul «ha cumplido y ejecutado sobradamente todos los parámetros e indicadores requeridos por Europa». De hecho, ha continuado, «es un referente nacional e internacional en su ámbito», con presencia en «importantes ferias y eventos del sector y reconocimientos por su labor».
Por lo tanto, Incubazul «se ha ejecutado y supera el 100% de todos los indicadores previstos por la Unión Europea, tal y como han comprobado posteriormente todas las auditorías internas y externas que se han llevado a cabo».
Además, se ha informado que el Consorcio de la Zona Franca fue abonando todas las certificaciones emitidas por la empresa adjudicataria de las obras tras la comprobación efectiva de los trabajos realizados. «Dichos abonos se paralizaron cuando se constató que no había avance y se tuvo conocimiento de problemas con las subcontratas», así, en cuanto a las actuaciones para defender los intereses, «se han incautado las fianzas depositadas por la adjudicataria y se va a personar el Consorcio en el concurso de acreedores».
A esto se suma que se va a iniciar el procedimiento para instar que no pueda contratar de nuevo con la Administración Pública, ha aseverado el Gobierno.
