En una sesión del Consejo de Ministros marcada por importantes decisiones, se ha establecido un hito en la política educativa y económica del país. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, anunció la aprobación de la convocatoria de becas para el curso 2024-2025, destinada a garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que los estudiantes abandonen la formación por motivos económicos. Esta iniciativa, respaldada por una inversión histórica de 2.535 millones de euros, representa un aumento del 72% respecto a 2018 y beneficiará a más de un millón de alumnos en toda España.
Entre las mejoras destacadas, Alegría señaló el incremento de los umbrales de renta en un 5%, permitiendo que más familias accedan a estas becas. Además, se redujo el porcentaje de discapacidad necesario para recibir la beca, ampliando así el acceso a aquellos jóvenes con discapacidad moderada. La convocatoria también consolidó aumentos significativos en la cuantía de la beca para alojamiento y residencia, así como una ayuda adicional para alumnos con necesidades específicas de apoyo.
Por otro lado, el Consejo de Ministros anunció la movilización de hasta 40.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Este fondo, destinado a modernizar la economía española y respaldar a las empresas en su transición hacia la sostenibilidad y la digitalización, representa un paso crucial en la recuperación del país tras los impactos de la pandemia. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, destacó que estos préstamos financiarán hasta el 100% de proyectos de autónomos, pymes y empresas de todos los tamaños, contribuyendo así a la continuidad de las inversiones y la creación de empleo.
Además de estas medidas, el Consejo de Ministros también remitió a las Cortes la Ley de Familias y la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, dos iniciativas legislativas destinadas a fortalecer la protección del bienestar colectivo y la democratización de la vida económica y social en España. Estas leyes, impulsadas en la legislatura pasada, tienen como objetivo garantizar la protección económica y social de las familias, así como ampliar los derechos de los consumidores en áreas clave como el tiempo de resolución de reclamaciones y la calidad de la atención recibida.
Finalmente, el Gobierno anunció medidas adicionales para ayudar a los afectados por el reciente incendio en el barrio de Campanar, en Valencia, incluyendo la agilización de trámites administrativos y la habilitación de servicios gratuitos de Renfe para los damnificados.