El Gobierno facilita la jubilación anticipada para trabajos penosos o peligrosos y destina 471 millones a actividades sociales
El Consejo de Ministros aprueba criterios objetivos para la jubilación anticipada en actividades de alto riesgo, refuerza las ayudas sociales y regula la protección de perros de asistencia y entidades críticas.
El Gobierno ha aprobado este martes un nuevo procedimiento para facilitar la jubilación anticipada en actividades penosas o peligrosas dentro del sistema de la Seguridad Social. La medida, aprobada en el Consejo de Ministros celebrado el 27 de mayo de 2025, establece criterios objetivos basados en evidencia científica para definir qué trabajos permiten adelantar la edad de retiro debido a su dureza, toxicidad, peligrosidad o insalubridad.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que esta normativa responde a la realidad de que algunos empleos implican elevados índices de accidentes laborales y enfermedades profesionales, y que en casos donde no es posible mejorar las condiciones laborales, los trabajadores podrán acogerse a coeficientes reductores para jubilarse antes.
El procedimiento se basa en indicadores como la incidencia de incapacidad temporal, fallecimientos e incapacidades permanentes, y la duración media de estos procesos. Para solicitar la aplicación de estos coeficientes, las organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos o las administraciones públicas presentarán los expedientes, que serán evaluados por una comisión con representantes ministeriales y sociales. La norma contempla un aumento en la cotización a la Seguridad Social para garantizar la equidad del sistema.
Este avance no afecta a los colectivos que ya disponen de jubilación anticipada, como trabajadores del mar, minería o personal de vuelo, sino que amplía esta posibilidad a nuevas actividades que cumplan los criterios de penosidad y riesgo.
Además, el Gobierno ha aprobado la convocatoria anticipada de subvenciones por un total de 471 millones de euros para actividades de interés social en 2025. De esta cantidad, 94 millones corresponden al tramo estatal del IRPF y 375 millones al autonómico, gestionados por las administraciones territoriales. Estos fondos están destinados a programas contra la exclusión social, pobreza, infancia, formación, cultura y conciliación familiar. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, destacó que la convocatoria anticipada permite una mejor planificación y coordinación con políticas públicas, y valoró la solidaridad de los contribuyentes que marcan la casilla de fines sociales en su declaración de la renta.
En materia de bienestar animal, el Consejo de Ministros ha regulado las condiciones, formación e identificación de los perros de asistencia, extendiendo su reconocimiento más allá de la discapacidad visual a personas con distintos tipos de discapacidad, incluyendo trastornos del espectro autista. La nueva norma garantiza el acceso y permanencia de estos animales en espacios públicos y privados.
Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presentó el anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas. Esta ley busca garantizar el funcionamiento y la seguridad de infraestructuras esenciales en sectores estratégicos como energía, salud, transporte, hidrógeno, seguridad privada y aguas residuales. La normativa incluye la elaboración de planes de resiliencia para prevenir, responder y recuperarse ante riesgos como fenómenos naturales, sabotajes o amenazas tecnológicas, fortaleciendo así la protección de servicios esenciales.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, condenó la masacre en Gaza y reafirmó el compromiso del Ejecutivo con una solución pacífica basada en la fórmula de dos estados. También celebró la reincorporación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras su recuperación.
Con estas medidas, el Gobierno avanza en la protección social, la inclusión y la seguridad nacional, adaptando políticas clave a las nuevas necesidades laborales, sociales y estratégicas del país.
