El Gobierno impulsa la reforma constitucional del aborto en España para garantizar su acceso en la sanidad pública
La reforma constitucional del aborto en España busca blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad en todo el país, tras constatarse que en comunidades como Andalucía apenas el 1% de las intervenciones se realizan en centros públicos.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes remitir a las Cortes Generales el proyecto de reforma constitucional del aborto en España con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.
La propuesta plantea añadir un cuarto apartado al artículo 43 de la Constitución para establecer que “los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.
Según explicó en rueda de prensa la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la modificación ha sido validada por el Consejo de Estado y se tramitará por el procedimiento ordinario de reforma constitucional. Para su aprobación será necesario el respaldo de al menos tres quintas partes del Congreso y del Senado. En caso de no alcanzarse esa mayoría, se prevén mecanismos adicionales de votación y la posibilidad de solicitar un referéndum si lo pide una décima parte de los parlamentarios.
El Gobierno justifica la reforma en la necesidad de asegurar el acceso efectivo a este derecho en todas las comunidades autónomas. Aunque el Tribunal Constitucional ha reiterado que la interrupción voluntaria del embarazo está vinculada a derechos fundamentales como la dignidad y la integridad física y moral, el Ejecutivo sostiene que existen diferencias significativas en su aplicación práctica.
Datos del Ministerio de Sanidad indican que solo el 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practican en centros integrados en la sanidad pública. La situación varía de forma notable entre territorios. Mientras que en comunidades como Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra alrededor del 60% de las intervenciones se realizan en la red pública, en Madrid y Andalucía ese porcentaje apenas alcanza el 1%.
En el caso andaluz, donde se encuentra la provincia de Cádiz, la práctica totalidad de las interrupciones voluntarias del embarazo se deriva a centros privados concertados, según esos datos estatales. La reforma constitucional del aborto en España pretende corregir estas diferencias territoriales y garantizar una prestación homogénea dentro del Sistema Nacional de Salud.
La ministra de Igualdad señaló que el proyecto responde a tres objetivos: reforzar la seguridad jurídica del derecho, consolidar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y asegurar la coherencia del marco constitucional con la legislación vigente, que ha evolucionado desde la despenalización parcial de 1985 hasta la última reforma aprobada en 2023.
El anuncio se produce en un contexto en el que otros países europeos han incorporado recientemente el derecho al aborto en sus constituciones. El Ejecutivo sostiene que la modificación situaría a España en una línea similar a la adoptada por estados como Francia o Luxemburgo.
Además de la reforma constitucional, el Consejo de Ministros aprobó la distribución de 180 millones de euros a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para reforzar las políticas contra la violencia de género. De esa cantidad, 160 millones se destinarán al mantenimiento de servicios y programas autonómicos, y 19,8 millones a actuaciones específicas de prevención y atención a víctimas de violencias sexuales. El reparto se concretará en la Conferencia Sectorial de Igualdad prevista para el 15 de abril.
En la misma comparecencia, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, informó de la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil en territorios de 13 comunidades autónomas por los daños ocasionados entre el 10 de febrero y el 30 de marzo por fenómenos meteorológicos adversos, aunque Andalucía no figura entre las regiones incluidas en esta relación.
El proyecto de reforma constitucional inicia ahora su tramitación parlamentaria. Su aprobación dependerá de la capacidad del Gobierno para recabar las mayorías reforzadas exigidas por la Constitución.
