El Gobierno inicia una regularización extraordinaria para extranjeros con más de cinco meses de residencia en España

El proceso permitirá obtener una autorización inicial de un año y estará abierto entre abril y junio en el marco del Plan de Integración y Convivencia Intercultural

El Gobierno ha aprobado la tramitación urgente del real decreto que habilitará un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España y que podrán acceder a una autorización de residencia inicial de un año. La medida ha sido presentada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien ha señalado que el objetivo es “responder a una realidad existente en el país y ofrecer igualdad de derechos”.

El proceso se dirige a quienes llevaran al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025. También podrán acogerse los solicitantes de protección internacional que hubieran registrado su petición antes de esa fecha. Entre los requisitos figura la ausencia de antecedentes penales. Según explicó Saiz, la admisión a trámite permitirá trabajar de manera provisional en cualquier sector y territorio. En el caso de los hijos menores presentes en España, el permiso tendrá una vigencia de cinco años para favorecer la continuidad familiar.

La solicitud podrá presentarse desde principios de abril, una vez culminado el procedimiento jurídico previo, y el proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio. Tras el año inicial, quienes regularicen su situación podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería para su permanencia y acceso a residencia y trabajo de larga duración.

El Gobierno enmarca la regularización dentro del Plan de Integración y Convivencia Intercultural y retoma el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular avalada con más de 700.000 firmas y tomada en consideración por el Congreso. La portavoz subrayó que “gobiernos de distinto signo” han realizado procesos extraordinarios desde 1986 y que la medida ofrece “orden y seguridad jurídica” a personas y empresas.

En el mismo Consejo de Ministros se han aprobado ayudas destinadas a las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El real decreto destina 20 millones de euros para cubrir necesidades inmediatas y adelantar parte de las indemnizaciones del seguro de responsabilidad civil. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló que “el Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios” en casos de daño personal grave. Las ayudas directas por fallecimiento ascenderán a algo más de 72.000 euros en concepto de indemnización y otros 72.000 como anticipo asegurador, mientras que las lesiones corporales se graduarán según criterios de gravedad. Las cantidades están exentas de tributación.

Las personas afectadas podrán canalizar la atención a través de los teléfonos específicos habilitados por la Seguridad Social y del dispositivo “La Administración cerca de ti”, que permite que personal de las delegaciones se desplace a los domicilios para facilitar la tramitación. También se abrirán oficinas presenciales en Barcelona y en la Subdelegación del Gobierno de Huelva.

En materia de violencia de género y violencia sexual, el Consejo de Ministros ha autorizado el contrato para el servicio integral de seguimiento telemático de las medidas de alejamiento. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, indicó que el nuevo contrato mejora dispositivos, garantías y tiempos de sustitución tras las disfunciones registradas en el servicio iniciado en 2023. El sistema incorporará tobillera como dispositivo principal, tarjeta eSIM no extraíble y mayor autonomía de baterías. La Sala Cometa, centro de control, pasará de 70 a un mínimo de 151 operadoras y sumará equipos de coordinación y enlaces con cuerpos policiales y órganos judiciales. El contrato asciende a 71,3 millones de euros para tres años, prorrogable hasta cinco.

El Consejo ha elegido Majadahonda como sede principal del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos y Terapias Avanzadas (Certera), con dirección científica en Barcelona. La entidad agrupa a 43 centros sanitarios de 14 comunidades autónomas y coordina capacidades públicas y privadas en investigación biomédica.

Además, se ha creado la Comisión Nacional para la conmemoración del centenario de la Generación del 27, que coordinará actividades en todo el territorio.

En la parte económica, el Gobierno destacó los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2025, que sitúan la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 18 años y la cifra de ocupados en 22,5 millones.