El Gobierno lanza una convocatoria de 100 millones para la compra de viviendas destinadas a alquiler asequible

La convocatoria para la compra de viviendas destinadas a alquiler asequible permitirá adquirir inmuebles privados en toda España, priorizando zonas tensionadas como varios municipios de la provincia de Cádiz, con el objetivo de ampliar el parque público.

El Consejo Rector de CASA 47, la entidad estatal de vivienda adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado una convocatoria dotada con 100 millones de euros para la compra de viviendas destinadas a alquiler asequible en toda España. Las viviendas adquiridas se incorporarán al parque público y se ofrecerán en régimen de alquiler a precios limitados.

Según ha informado el organismo, el plazo para presentar propuestas se abrirá al día siguiente de la publicación oficial en la Plataforma de Contratación del Sector Público, prevista en los próximos días. Las personas físicas o jurídicas interesadas dispondrán de cuatro meses para presentar sus ofertas.

La medida busca incrementar el parque estatal de vivienda mediante la adquisición directa de inmuebles privados que cumplan determinados requisitos técnicos y económicos. El procedimiento se realizará por concurso, con valoración individualizada de cada propuesta.

Entre los criterios de prioridad figuran las viviendas ubicadas en zonas de mercado residencial tensionado, es decir, aquellas donde los hogares destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. En la provincia de Cádiz existen municipios declarados como zonas tensionadas, lo que podría favorecer la incorporación de inmuebles situados en estas áreas.

También se valorará especialmente la oferta de bloques completos o conjuntos de viviendas frente a unidades aisladas. El objetivo es facilitar una gestión más eficiente del parque público y responder a la demanda territorial.

Las viviendas deberán tener entre 40 y 120 metros cuadrados, estar edificadas en altura —quedan excluidas las unifamiliares— y no contar con ningún régimen de protección pública previo. Además, deberán ser exteriores, sin dormitorios ciegos, disponer de cocina, salón o estancia principal y baño completo. En el caso de estar situadas por encima de un cuarto piso, el edificio deberá contar con ascensor.

Otro requisito será contar con la Inspección Técnica de Edificios (ITE) favorable. Las viviendas deberán entregarse vacías, salvo los elementos fijos e instalaciones propias, así como el equipamiento de cocina.

El sistema de valoración económica establece que el precio de adquisición será el menor de tres referencias: el precio ofertado por el vendedor, el valor de tasación oficial realizado por un tasador homologado por el Banco de España, o el precio medio por metro cuadrado registrado en el Portal Estadístico del Notariado para la zona correspondiente.

De este modo, la administración no podrá pagar por encima del precio medio de mercado. Por ejemplo, en una zona donde el precio medio sea de 2.000 euros por metro cuadrado, una vivienda de 70 metros cuadrados no podría superar los 140.000 euros, siempre que la tasación y la oferta se ajusten a esa cifra o sean inferiores.

El presupuesto de 100 millones cubrirá tanto el precio de compra como los gastos e impuestos derivados de la operación. También podrá incluir, si fuera necesario, actuaciones de adecuación o rehabilitación, siempre que el coste total no supere el 110% del valor de tasación del inmueble.

La convocatoria contempla criterios adicionales de puntuación vinculados a la accesibilidad y la eficiencia energética. Tendrán mayor valoración las viviendas que cumplan con la normativa de accesibilidad universal, las que hayan sido rehabilitadas recientemente de forma integral o aquellas que cuenten con calificación energética A, B o C.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Vivienda pretende ampliar el parque público estatal y acercarlo a los estándares europeos, situados en torno al 8% del total de viviendas. La compra de inmuebles privados se suma a otras vías como la construcción de nuevas promociones, la rehabilitación o la incorporación de activos públicos.

En provincias como Cádiz, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y económicas, la convocatoria para la compra de viviendas destinadas a alquiler asequible podría suponer una nueva vía para incrementar la oferta pública y moderar la presión sobre el mercado residencial.