El Gobierno obligará a mantener la cobertura móvil 4 horas en caso de apagón

El nuevo Real Decreto de Seguridad y Resiliencia exigirá a los operadores mantener la cobertura móvil 4 horas en caso de apagón para el 75% de la población en un plazo de tres años e incluirá refuerzos específicos para garantizar el funcionamiento del 112.

El Gobierno aprobará antes de que finalice 2026 un real decreto que obligará a las compañías de telecomunicaciones a mantener la cobertura móvil durante al menos cuatro horas en caso de apagón eléctrico. La medida afectará progresivamente hasta el 75% de la población española en un plazo de tres años.

El anuncio lo realizó este miércoles el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su intervención en el encuentro DigitalES Summit celebrado en Madrid. La obligación se incluirá en el Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales, actualmente en tramitación.

Según explicó el Ministerio en una nota de prensa, los operadores deberán instalar baterías u otros sistemas de respaldo en las antenas de telecomunicaciones para garantizar que sigan funcionando durante al menos cuatro horas si se produce una caída del suministro eléctrico.

La implantación será gradual. El primer año desde la entrada en vigor del real decreto, la medida deberá cubrir al 50% de la población; el segundo año, al 65%; y el tercer año, al 75%. El calendario busca dar margen a las empresas para realizar las inversiones necesarias, manteniendo al mismo tiempo un nivel mínimo de cobertura garantizada.

Además de las antenas móviles, el texto establece exigencias específicas para otras infraestructuras críticas del sistema de telecomunicaciones. Las instalaciones consideradas de nivel intermedio —como centros de gestión cuyo fallo podría afectar a varias comunidades autónomas— deberán poder operar durante al menos 12 horas sin suministro eléctrico.

En el caso de las instalaciones esenciales de primer nivel, como los centros de control que concentran la gestión centralizada de las redes y cuyo fallo podría tener impacto nacional, la operatividad deberá estar asegurada durante un mínimo de 24 horas sin electricidad.

El real decreto presta especial atención a las comunicaciones de emergencia. Los operadores que proporcionan conectividad a los centros del 112 y a los sistemas de alertas públicas estarán obligados a elaborar y presentar planes de seguridad y resiliencia. También deberán disponer de sistemas de redundancia, es decir, canales alternativos de comunicación para evitar la interrupción del servicio ante incidencias puntuales en una red o tecnología.

Entre las opciones contempladas figura que los centros 112 puedan contar con varios operadores de telecomunicaciones o combinar redes móviles y fijas para asegurar la continuidad de las llamadas de emergencia.

La norma será de aplicación a operadores de telecomunicaciones y a empresas que gestionen infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos o puntos de intercambio de internet, siempre que superen determinados umbrales —más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de euros de ingresos—, estén designados como operadores críticos o presten servicios esenciales, entre otros supuestos. Quedan fuera del ámbito de aplicación las redes vinculadas a Seguridad Nacional y Defensa.

El Ministerio ha indicado que el Real Decreto de Seguridad y Resiliencia continúa su tramitación formal y que su aprobación está prevista antes de finales de este año.

La obligación de mantener la cobertura móvil 4 horas en caso de apagón se enmarca en un contexto de creciente dependencia de las comunicaciones electrónicas para la actividad económica y los servicios públicos, especialmente en situaciones de emergencia o crisis energética.

En provincias como Cádiz, donde conviven grandes núcleos urbanos con zonas rurales y costeras, la continuidad de las comunicaciones resulta clave tanto para la atención de emergencias como para la actividad turística y empresarial. No obstante, el Ministerio no ha detallado cómo se distribuirá territorialmente la cobertura exigida ni qué criterios se seguirán para determinar las zonas prioritarias dentro de cada provincia.

Con la futura aprobación del real decreto, las compañías dispondrán de un calendario concreto para adaptar sus infraestructuras y cumplir con los nuevos requisitos de respaldo eléctrico y planes de seguridad.