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Vie. Nov 22nd, 2024

El Gobierno presenta un sistema único de Formación Profesional que conecta la formación con el empleo

La nueva Formación Profesional será acumulable, flexible, capitalizable, acreditable y estará directamente conectada con la empresa. El Ejecutivo también impulsa una nueva legislación antidopaje en el deporte para adaptarla a las normas internacionales y aprueba el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023.

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha analizado el borrador de la futura Ley orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional que consolida una oferta formativa única, acreditable y flexible dirigida a estudiantes y trabajadores, tanto empleados como desempleados.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha afirmado que uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Educación es transformar la formación profesional para que sea de primer nivel, dé respuesta a las demandas del mercado laboral y responda a los intereses y aspiraciones de cualificación profesional de las personas.

Isabel Celaá ha citado cuatro problemas estructurales de la Formación Profesional actual: desequilibrio entre el nivel de formación y las necesidades del mercado laboral; baja acreditación de las competencias profesionales; escaso tiempo dedicado a la formación y baja tasa de matriculación de alumnos en estas enseñanzas.

La futura ley cambiará de forma radical el sistema y lo modernizará con el fin de solventar todas esas dificultades. La ministra ha explicado que el nuevo modelo se sustenta en la participación, la corresponsabilidad pública y privada, la estrecha vinculación entre los centros de formación y las empresas, la conexión de la oferta con la demanda, la innovación, la investigación y el emprendimiento.

Celaá ha detallado que se integra en un solo modelo la formación profesional de los jóvenes en el ámbito educativo con la formación para el empleo: «Supone un salto radical respecto a la regulación anterior pues presenta un sistema único a lo largo de la vida. No hay pérdida de eficacia».

Nueva oferta formativa y formación dual

La futura norma presenta una nueva oferta por grados ascendentes de formación: Grado A: acreditación parcial de competencias; Grado B: certificado de competencia profesional; Grado C: Certificado Profesional; Grado D: Ciclos formativos (básico, medio y superior) y Grado E: curso de especialización (especialistas y másteres).

La ministra ha destacado que cada persona podrá diseñar su itinerario formativo adaptado a sus expectativas profesionales, circunstancias personales o necesidades laborales. Además, ha resaltado que, por primera vez se pone a disposición de todos los ciudadanos las denominadas ‘microformaciones’, que son unidades formativas de corta duración (30 a 50 horas).

Con el esquema presentado, ha añadido Celaá, toda la formación responde al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y tiene validez académica y profesional.

La ministra también ha incidido en que toda la oferta en ciclos de los Grados C, D y E tendrá carácter dual (general y avanzada) para reforzar así la relación entre los centros de formación y los de trabajo, bajo la tutela de las comunidades autónomas.

El texto incorpora la figura del tutor dual del centro y del tutor dual de empresa, que evaluarán los aprendizajes del alumnado en cada uno de sus respectivos espacios, aunque la evaluación final será responsabilidad del centro de formación. Cada estudiante dispondrá un plan personalizado.

Nuevo modelo de acreditación de competencias y pasarelas con la universidad

La acreditación de las competencias profesionales mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación se realizará mediante un procedimiento abierto de carácter permanente para cualquier competencia. El Ejecutivo estima que se van a acreditar las competencias de tres millones de personas en cuatro años, de los cuales 450.000 se inician este año.

Por otra parte, Isabel Celaá ha señalado que el texto presentado hoy regula la relación entre las enseñanzas de formación profesional y las universitarias. Recoge el reconocimiento mutuo para facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambas enseñanzas. Además, impulsa nuevos modelos de colaboración, desarrollo de proyectos compartidos y préstamos de espacios y equipamientos para generar una transferencia de conocimientos.

Instrumentos de gestión, profesorado e internacionalización

El documento prevé la creación de un Registro Estatal de Formación Profesional que permitirá a cualquier ciudadano obtener un informe de su vida formativa- profesional actualizado con su experiencia formativa. Además, se implanta el Catálogo Modular de Formación Profesional y el Catálogo de Ofertas de Formación Profesional. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales actual se sustituye por el Catálogo de Estándares de Competencia Profesional.

En cuanto al profesorado, la futura ley prevé la creación de un nuevo cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, al que podrán acceder técnicos superiores de FP en determinadas especializadas.

La ministra también ha señalado que se internacionalizará la formación con la incorporación de, al menos, una lengua extranjera, con la creación de titulaciones dobles de centros españoles y de otros países, y con la movilidad de profesores y alumnado entre ellos.

Isabel Celaá ha asegurado que, para el Gobierno, la Formación Profesional es prioritaria y «una estrategia de país capaz de desarrollar talento», y ha reconocido la labor de las organizaciones empresariales y sindicales, las ONG y los grupos parlamentarios en la elaboración de un proyecto que «está abierto» y ha generado expectativas positivas.

Homenaje a la comunidad educativa

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional para homenajear a la comunidad educativa: padres, familias, alumnos, por haber sido capaces de mantener los centros abiertos en una situación tan difícil como ha sido la pandemia.

La titular de Educación y Formación Profesional ha anunciado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá el próximo sábado 19 de junio, a las 11 de la mañana, un acto de homenaje en el que la declaración será leída.

Adaptación de la ley antidopaje a las normas internacionales

El Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte, que incorpora al ordenamiento jurídico español el Código Mundial Antidopaje aprobado el pasado mes de enero.

Las nuevas normas internacionales pretenden garantizar el desarrollo de las competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las propias capacidades naturales de los deportistas, evitando su adulteración mediante la utilización de sustancias prohibidas o de métodos prohibidos.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha explicado que la ley era necesaria para adaptarse a la norma internacional y «pone en valor el deporte como un derecho y una práctica vinculada a la salud, la vida saludable y el bienestar y una serie de valores de fair play y juego limpio».

Tres niveles de deportistas y sanciones

El proyecto de ley distingue tres niveles de deportistas -internacional, nacional y aficionado- entre los deportistas con licencia y se establecen las sanciones para cada categoría. El órgano que ejercerá las competencias sancionadoras será un Comité Sancionador Antidopaje, imparcial e independiente, que se integrará en la Agencia Estatal-Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, que es como se prevé denominar a la actual Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte.

Como novedades, el ministro ha destacado la inclusión en la lista de sustancias prohibidas de las denominadas «sustancias de abuso» que figuren en la lista anual actualizada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Para 2021 son cocaína, heroína, MDMA/éxtasis y THC.

Serán también sancionables conductas como la colaboración en la comisión de infracciones, la intimidación -o intento- a testigos u otras personas para disuadirlos de comunicar cualquier infracción o presunto incumplimiento de la Ley, y tomar represalias contra las personas que informen de buena fe de dichas infracciones. «Se trata de proteger a aquellas personas que colaboran en la lucha contra el dopaje», ha afirmado Uribes.

Este carácter de personas protegidas se extenderá a los menores y las personas carentes de capacidad jurídica o de obrar, por un lado para que no sean inducidas al consumo de sustancias que puedan ser dopantes y, por otro, si lo hacen motu proprio para velar por sus derechos fundamentales.

Las sanciones tendrán en cuenta que el dopaje se haya debido a productos contaminados o sea fruto de un accidente o de una situación no atribuible a la persona. El ministro ha subrayado que la norma tiene «voluntad de justicia y equidad» y para distinguir entre estos comportamientos y los dolosos se considerarán las circunstancias de cada caso concreto.

Por último, el texto incluye la previsión de elaboración de una ley específica sobre el denominado dopaje animal relacionado, por ejemplo, con las carreras de caballos o galgos.

Profesionalización de la liga femenina de fútbol

Durante su intervención, el ministro se ha referido al anuncio del Consejo Superior de Deportes de la profesionalización de la liga femenina de fútbol para calificarla de «paso histórico y decisivo en la búsqueda de la igualdad en el ámbito deportivo».

Uribes ha señalado que el Ministerio, además, está trabajando en el deporte base, el universitario y el inclusivo, tanto vinculado a las personas con discapacidad como a otros colectivos, por ejemplo los refugiados, para quienes el deporte es una gran herramienta de integración social. Otros proyectos son el Estatuto del Deportista y una ley de profesiones deportivas.

«El deporte es un derecho de los ciudadanos y de los deportistas profesionales que lo practican, es una industria que crea empleo y riqueza, es marca España y es conjunto de valores que nos ayuda a conformar los principios de una sociedad justa, bien ordenada y civilizada», ha ensalzado el ministro.

Impulso de la investigación y la innovación

El Gobierno ha aprobado el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, un conjunto de inversiones centrado en los sectores más estratégicos para la recuperación, como la salud y la medicina de vanguardia, la transición ecológica y la digitalización.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado las medidas incluidas para el desarrollo y afianzamiento de la carrera científica «en fases más tempranas de las que se comienza ahora, para impulsar un relevo generacional». El Plan también incorpora actuaciones destinadas a catalizar la innovación y el liderazgo empresarial, con especial enfoque en las pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa está dirigida a todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, tanto públicos como privados, e integra las actuaciones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La financiación de sus actuaciones se llevará a cabo a través de subvenciones, ayudas no reembolsables o parcialmente reembolsables, préstamos, contratación pública y mecanismos de inversión.

Refuerzo de la solvencia de las empresas afectadas por la pandemia

El Ejecutivo ha establecido el funcionamiento del Fondo de Recapitalización de Empresas afectadas por el COVID-19, una de las medidas puestas en marcha durante la pandemia para contribuir a la solvencia empresarial.

Montero ha detallado los requisitos para los beneficiarios, que serán aquellas empresas medianas que tengan un importe neto de facturación de entre 15 y 400 millones de euros, de cualquier sector, con sede social en España y que estén atravesando dificultades de carácter temporal a consecuencia del COVID, pero que sean viables a medio y largo plazo y tuvieran solvencia antes de la pandemia.

La gestión del Fondo corresponderá a la Sociedad Mercantil Estatal COFIDES, con más de 32 años de experiencia en el sector financiero. El Fondo tiene un plazo de extinción de ocho años y operará a través de diferentes instrumentos financieros: los préstamos participativos -el prioritario-, las inversiones de capital y, como complemento a los anteriores, la deuda.

Menores costes de financiación del Tesoro Público

En la reunión del Gabinete se ha presentado la Memoria Anual sobre Política de Endeudamiento del Tesoro Público del año 2020, que será remitida a las Cortes.

El año se cerró con una emisión neta de 109.922 millones de euros, debido a que, en el contexto marcado por el COVID-19, «el Tesoro ha hecho frente a mayores necesidades de financiación para poder mantener los servicios públicos y cubrir las medidas adicionales, sanitarias, económicas o sociales», ha explicado la ministra de Hacienda.

A pesar de ello, Montero ha destacado «la resiliencia» de la política de emisión del Tesoro Público, que ha continuado financiándose a los menores costes de su historia. El coste medio de la deuda del Estado en circulación se redujo del 2,19% en 2019 al 1,86% a cierre de 2020, y el coste medio de las nuevas emisiones de deuda también alcanzó mínimos históricos, pasando del 0,23% en 2019 al 0,18% en 2020.

Recurso contra la vulneración de las competencias estatales en vivienda

El Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la ley catalana sobre vivienda y arrendamientos, por considerar que vulneran las competencias estatales en esta materia.

La decisión se ha tomado al no haberse alcanzado un acuerdo con la Generalitat en seis meses de negociación en el seno de la Comisión Bilateral, y cuenta, además, con un dictamen favorable del Consejo de Estado, ha explicado la portavoz. Montero también ha recordado que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ya estableció que los preceptos que el Consejo de Ministros ha acordado impugnar no estaban amparados por el Estatuto de Autonomía y vulneraban distintos puntos de la Constitución.

La ministra ha puntualizado que no se solicita la suspensión cautelar porque, en paralelo a la tramitación del recurso, el Gobierno va a impulsar la ley estatal sobre vivienda «que incorpora muchos de los elementos que ahora, por competencia, se recurren».

Informe COVID y vacunación

El Gobierno ha analizado la situación de la pandemia y la campaña de vacunación y ha acordado prorrogar de nuevo la limitación de los vuelos entre Brasil Sudáfrica y los aeropuertos españoles. La medida entrará en vigor a las 00:00 del día 22 de junio, hasta las 00:00 horas del 6 de julio de 2021 (horario peninsular).

La incidencia de casos de COVID-19 sigue en descenso y España, ha dicho Montero, está «a la cabeza de los países de nuestro entorno en cuanto a personas que tienen ya la pauta completa de la vacuna». En concreto, el 27 % de la población, mientras que el 45,3% ha recibido ya una dosis. La portavoz ha felicitado a los profesionales sanitarios por su trabajo y a la población por su predisposición a vacunarse.

Como resultado de todo ello, ha continuado la ministra, la actividad económica se está normalizando. El Banco de España ha mejorado sus previsiones económicas, y también la Comisión Europea y la OCDE, que han revisado al alza sus estimaciones, «de forma que están en unas horquillas que se mantienen en lo que el propio Gobierno había previsto en su Plan de estabilidad».

Asuntos de actualidad

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo ha reiterado su preocupación por el incremento de casos de violencia de género y ha apelado a la unidad para combatir esta lacra. Montero ha animado a denunciar y ha comprometido el apoyo del Gobierno a las mujeres y menores que están viviendo situaciones de violencia a través de mayores recursos en prevención y defensa. En este sentido ha insistido en que los ministerios de Igualdad e Interior ya están revisando conjuntamente sus protocolos de actuación y protección.

Montero también ha valorado la noticia de que el Partido Popular haya comunicado que abandona el Pacto Antitransfuguismo. La portavoz ha lamentado esta decisión de no seguir participando en «un instrumento fundamental para evitar y prevenir la corrupción» vigente desde 1998.

Por otra parte, Montero se ha felicitado por el hecho de que Madrid vaya a albergar el próximo año la Cumbre de la OTAN, como anunció ayer su secretario general, Jens Stoltenberg, en una comparecencia conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el año 2022, ha rememorado Montero, se celebrarán 25 años de la única cumbre de la OTAN que ha albergado hasta ahora España y coincidirá con los 40 años de adhesión a la organización.

Agenda del presidente del Gobierno

La agenda del presidente para el resto de la semana incluye, ha destacado la portavoz, su asistencia hoy a la recepción que ofrecen los reyes al presidente de la República de Corea con motivo de la celebración, en Madrid, del Foro Internacional España-Corea; la reunión que mañana mantendrá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y su encuentro, el viernes, con el primer ministro italiano, Mario Draghi, en el marco de varios actos organizados por el Círculo de Economía y Foment del Treball en Barcelona.

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