El Gobierno renueva hasta 2030 el Acuerdo contra el racismo y la LGTBIfobia

El Acuerdo contra el racismo y la LGTBIfobia hasta 2030 reforzará la protección a las víctimas, la coordinación institucional y la retirada de discursos de odio, con nuevas obligaciones derivadas de una directiva europea

El Gobierno ha acordado renovar hasta 2030 el Acuerdo Interinstitucional para cooperar contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia. La decisión se adoptó en la vigésima reunión de la Comisión de Seguimiento de este marco de coordinación, en la que participan ministerios, órganos judiciales y otras instituciones del Estado.

El acuerdo, impulsado en 2015 por la Secretaría de Estado de Migraciones, se prorroga por cuatro años con el objetivo de reforzar la protección de las víctimas de delitos de odio, adaptar las herramientas de actuación a los cambios sociales y tecnológicos y mejorar la coordinación entre administraciones.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ostenta en 2026, por primera vez, la presidencia anual rotatoria de este espacio de cooperación institucional.

Entre las prioridades para el nuevo periodo figura la aplicación de la Directiva 2026/1472 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 17 de junio de 2026, que establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. La Comisión de Seguimiento ha analizado su contenido y el calendario de adaptación, ya que los Estados miembros deberán incorporar las principales medidas antes del 2 de julio de 2028.

La directiva contempla mejoras en la participación de las víctimas en los procesos penales, el acceso a la justicia y la prevención de la victimización secundaria. También presta atención específica a personas que sufran discriminación interseccional o se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

Entre las novedades figura la implantación en toda la Unión Europea del número de teléfono gratuito 116006, destinado a ofrecer apoyo emocional e información a víctimas de delitos. Además, se prevé facilitar la denuncia a través de tecnologías digitales y regular formalmente la posibilidad de que terceros, como organizaciones no gubernamentales, puedan canalizar denuncias para combatir la infradenuncia.

La norma europea también refuerza la evaluación individualizada de las necesidades de apoyo y protección, incluyendo medidas como el acceso a refugios o la adopción de órdenes de alejamiento, y garantiza asistencia jurídica gratuita para víctimas vulnerables que formen parte de un proceso penal.

En el ámbito del discurso de odio, durante la reunión se abordó la evolución de la retirada de contenidos en redes sociales. Según el Boletín de monitorización del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), en mayo se alcanzó un 65% de retirada de mensajes denunciados ante las plataformas.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, subrayó en la reunión la necesidad de mantener una cooperación sostenida entre administraciones y señaló que, aunque en la última década ha mejorado la recogida y análisis de datos sobre delitos de odio y la formación de profesionales, estas conductas adoptan nuevas formas, también en entornos digitales.

El acuerdo funciona como un marco estable de coordinación entre instituciones estatales para alinear estrategias, compartir información y optimizar recursos en la lucha contra la discriminación. En la reunión participaron representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los ministerios de Interior; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Igualdad; Educación, Formación Profesional y Deporte; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. También asistieron como observadores entidades de la sociedad civil, como la Plataforma del Tercer Sector y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

Durante 2026 se han desarrollado distintos grupos de trabajo centrados en formación y sensibilización, análisis de sentencias y recopilación de datos estadísticos, discurso de odio y discurso de odio en el deporte. Además, integrantes del acuerdo han participado en actividades formativas como la organizada por OBERAXE y el Instituto Nacional de Administración Pública sobre prevención y lucha contra la xenofobia y el racismo.

La renovación del Acuerdo contra el racismo y la LGTBIfobia hasta 2030 fija así el marco de actuación estatal en esta materia para los próximos años, en un contexto marcado por la adaptación a la normativa europea y por la creciente atención al impacto de los discursos de odio en entornos digitales.