El informe de la Cámara de Cuentas sobre Sanlúcar cifra en 3,26 millones el gasto sin cobertura contractual

El informe de la Cámara de Cuentas sobre Sanlúcar detecta además desajustes en la plantilla municipal, pagos de productividad sin criterios objetivos y tres sociedades en causa de disolución

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha cifrado en 3.260.459,36 euros el importe facturado durante 2023 sin cobertura contractual en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. El órgano fiscalizador también ha detectado deficiencias en la gestión del personal, las retribuciones de la Policía Local, la contratación temporal y la situación financiera de tres sociedades municipales.

El informe de la Cámara de Cuentas sobre Sanlúcar analiza distintas áreas de la gestión municipal correspondientes al ejercicio 2023. Entre sus conclusiones figura un desajuste entre la plantilla orgánica, la relación de puestos de trabajo (RPT) y las plazas dotadas en el presupuesto.

Según la fiscalización, las plazas de personal laboral recogidas en la plantilla orgánica superan en un 110% a los puestos o plazas establecidos en la RPT. La Cámara sostiene que se aprobaron plazas sin respaldo en la estructura organizativa definida en esa relación de puestos, por lo que considera que la RPT no se ajusta a las necesidades reales de personal del Ayuntamiento.

El órgano de control también señala diferencias entre las 124 plazas laborales aprobadas en la plantilla orgánica y las 136 cuantificadas y dotadas en la plantilla presupuestaria. De estas últimas, al menos 77, equivalentes al 56,61%, estarían ocupando puestos de estructura definidos y reservados a funcionarios en la RPT.

La Cámara de Cuentas califica esta situación de irregular y sostiene que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir el acceso a los puestos de trabajo en las administraciones públicas.

La fiscalización dedica parte de sus conclusiones a las retribuciones abonadas por productividad. En 2023, el Ayuntamiento pagó 226.040,28 euros por este concepto sin disponer, según el informe, de criterios objetivos para su asignación en la corporación municipal.

El 67,19% de esa cantidad correspondió a la Policía Local. La Cámara señala que los agentes percibieron una productividad lineal, pese a que el régimen retributivo de los funcionarios de la Administración local obliga a vincular este complemento con el desempeño.

La Policía Local recibió además 1.269.335,17 euros en gratificaciones extraordinarias por esos mismos servicios. De acuerdo con el informe, estos pagos no fueron objeto de negociación colectiva y se abonaron de forma fija y periódica por servicios relacionados con la seguridad ciudadana prestados tanto en 2022 como en 2023.

La Cámara recuerda que las gratificaciones extraordinarias no pueden ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. Entre sus recomendaciones plantea culminar los procesos para cubrir las plazas de Policía Local incluidas en las ofertas de empleo, una medida que, a su juicio, permitiría atender las carencias de personal y reducir el recurso a servicios extraordinarios.

El informe analiza igualmente 30 contratos temporales de sustitución suscritos por el Ayuntamiento. La Cámara considera que no responden a los supuestos previstos legalmente para esta modalidad y que la contratación temporal no se está utilizando únicamente para necesidades urgentes, excepcionales e inaplazables.

En esos contratos no se indica la fecha de finalización de la relación laboral ni se produce, según la fiscalización, una sustitución por causa justificada. Nueve de ellos sirven para cubrir vacantes de la plantilla, mientras que en los otros 21 casos no existe la plaza correspondiente en la propia plantilla municipal.

La situación de las sociedades municipales también forma parte del análisis. Al cierre de 2023, Elicodesa, Emulisan y Emuremasa se encontraban en causa de disolución y habían presentado patrimonio neto negativo durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023, un indicador que la Cámara vincula con su situación financiera.

El presupuesto municipal de 2024 habilitó inicialmente 195.000 euros en el capítulo de transferencias de capital para compensar pérdidas de ejercicios anteriores en estas empresas. La cantidad finalmente transferida ascendió a 452.154,35 euros.

El órgano fiscalizador considera que este procedimiento no tuvo en cuenta la situación de partida de las sociedades. Según expone, el pleno municipal debe acordar su disolución o adoptar medidas como una ampliación de capital u otras aportaciones de los socios que permitan revertir su situación financiera.

Ante el volumen de facturas sin cobertura contractual, la Cámara recomienda agilizar los expedientes y planificar previamente las necesidades municipales. El objetivo es evitar prórrogas de hecho en servicios que deben tramitarse mediante contratos no menores.

El informe propone también utilizar herramientas tecnológicas para gestionar los expedientes y garantizar su trazabilidad. Asimismo, insta al Ayuntamiento a identificar las necesidades periódicas y recurrentes para aplicar los procedimientos adecuados, respetando la libertad de acceso a las licitaciones y los principios de publicidad y transparencia de la contratación pública.