El auto dicta procedimiento abreviado por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en ayudas por 261 millones de euros
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha decidido continuar con procedimiento abreviado las diligencias contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía y otras cinco personas en relación con las ayudas individuales a extrabajadores de Delphi Automotive Systems España S.L. y su industria auxiliar, por un importe total de 261.754.334 euros.
El magistrado considera que los hechos podrían constituir presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsedad documental. La causa ha sido trasladada a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas, quienes deberán solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa en un plazo de 20 días.
El procedimiento afecta a cuatro exviceconsejeros de la Junta, dos exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social y un exdirector de la agencia IDEA, así como a dos representantes sindicales de CCOO y UGT, dos “intrusos” y un directivo de Uniter, la mediadora que intervino en la formalización de las pólizas de seguro vinculadas a los pagos investigados.
Según el auto, las ayudas investigadas se abonaron mediante subvenciones excepcionales con cargo al programa presupuestario 31-L, pero también existirían otras líneas de financiación fuera de la legalidad, vinculadas a distintos programas y partidas. Los fondos se habrían destinado a Planes Personales de Inserción (PPI) de extrabajadores de Delphi, incluidas pólizas de prejubilación, con montantes de 250,5 millones de euros para los trabajadores de Delphi, 7,8 millones para su industria auxiliar y 3,4 millones para incapacidad laboral permanente.
El juez aclara que los fondos no estaban destinados a mitigar crisis empresariales ni planes de reestructuración, sino que se otorgaron sin interés público, excediendo la finalidad legal de los programas presupuestarios. Por este motivo, se considera que la operativa constituye un presunto ilícito que justifica la continuación del proceso.
No obstante, la causa ha sido sobreseída provisionalmente para seis investigados vinculados a la Junta —cuatro exconsejeros y dos exdirectores de IDEA—, al no encontrarse indicios sólidos que permitan atribuirles responsabilidad penal en los hechos investigados. El auto subraya que, aunque estas personas ocupaban cargos superiores, no hay evidencias que demuestren su participación deliberada en la disposición irregular de los fondos.
El magistrado también señala que la presente investigación es independiente del procedimiento específico del caso ERE, ya que en esta pieza se analizan fondos distintos y hechos que no fueron objeto de juicio en la causa anterior, garantizando así que se investigue la totalidad de las posibles irregularidades.
El auto refleja que la tramitación de estas ayudas se realizó mediante resoluciones y órdenes de pago firmadas entre 2009 y 2010, con financiación directa de la Junta a través de la agencia IFA/IDEA, sin procedimientos legales que justificasen su concesión.
Con esta resolución, el procedimiento judicial sigue adelante para esclarecer la responsabilidad de los altos cargos y otros implicados en la presunta irregularidad de las ayudas sociales a los extrabajadores de Delphi y su industria auxiliar, mientras se espera que la Fiscalía y las partes formulen sus escritos de acusación.
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