La Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz reanuda este viernes el juicio contra miembros de la organización criminal dedicada al narcotráfico conocida como el clan de Los Castañas, liderada por dos hermanos para los que la Fiscalía Antidrogas del Campo de Gibraltar pide 20 años de cárcel para cada uno por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y receptación.
El juicio comenzó el pasado lunes 18, aunque fue interrumpido nada más empezar al pedir las partes la suspensión por estar uno de los 17 acusados internado en un centro psiquiátrico. Finalmente, la juez decidió su reanudación para este viernes. La celebración estaba prevista en nueve sesiones, por lo que, en principio, una vez concluida esta jornada proseguirá el 3, 4, 5 y 6 de mayo y el 3, 20 y 21 de junio.
Según la acusación de la Fiscalía, los dos hermanos (A.T.C. y F.T.C.), como dirigentes de la organización, se encargaban de buscar los proveedores marroquíes, a los cuales les adquirían la sustancia estupefaciente, además de organizar la distribución y el almacenamiento de la droga. «Una vez que la droga toca tierra, usan para ello normalmente vehículos todoterreno, así como poseen los lugares para ocultar la sustancias en territorio español para su posterior distribución», sostiene la Fiscalía.
Dentro de la organización, «contarían con personas de su plena confianza y de su círculo más cercano para efectuar o cumplir las órdenes recibidas, efectuar las vigilancias, realizar los alijos, los desembarcos en la playa y trasladar las sustancias estupefacientes desde la playa a los lugares de guardería», según el escrito de Fiscalía.
Como integrantes dentro de la organización, están los procesados L.B.B., M.B.B. y J.Z.B., los cuales como miembros del Cuerpo Nacional de Policía –para los que se pide 11 años de prisión– estarían favoreciendo a la organización marcando la vía libre para poder introducir las sustancias en las costas españolas, marcando los servicios de los agentes de la autoridad, así como informando a la organización de controles y de la actividad de la Policía, con el fin de facilitar y dar cobertura para que el alijo se pudiera realizar.
De hecho, según la Fiscalía, los tres procesados, «como miembros de la Policía Judicial y desarrollando funciones en numerosas ocasiones de seguridad ciudadana como miembros de la Comisaría de la Línea de la Concepción, tenían en todo momento conocimiento de las posiciones de sus compañeros durante los servicios, encargándose de desviar la atención de los agentes a otros lugares o zonas cuando se iba a cometer un alijo».