La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz autoriza al PSOE-A a ejercer la acusación popular en la investigación por presunta malversación en contratos del Servicio Andaluz de Salud, a raíz de una denuncia de Podemos.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha admitido la personación del PSOE-A como acusación popular en la causa abierta por un presunto delito de malversación relacionado con contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta investigación judicial, iniciada tras una denuncia presentada por Podemos Andalucía, examina posibles irregularidades en la adjudicación de contratos en la provincia gaditana.
Según una providencia fechada el pasado 14 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza del juzgado gaditano ha reconocido la personación del procurador y letrado en nombre del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A), otorgándoles el rol de acusación popular. Contra esta resolución cabe recurso de reforma, que deberá presentarse por escrito en un plazo de tres días desde su notificación.
La decisión judicial se produce apenas un día después de que el portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, anunciara en rueda de prensa la intención de su partido de personarse en esta causa. Cuenca denunció la existencia de un supuesto fraccionamiento de contratos por parte del SAS y señaló que estas prácticas podrían haber generado un perjuicio al sistema sanitario público andaluz.
En su intervención, el portavoz socialista subrayó que, entre esta investigación y otra abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla —también en torno al SAS y por denuncia del Grupo Parlamentario Socialista— ya hay cuatro altos cargos del Servicio Andaluz de Salud imputados. En conjunto, los contratos bajo sospecha podrían alcanzar los 235 millones de euros, y podrían implicar delitos de malversación y prevaricación por parte de la administración autonómica.
Además, Cuenca advirtió que podría haber existido una «intencionalidad» por parte del Gobierno andaluz de fraccionar contratos para «favorecer a clínicas privadas» con las que el SAS trabaja habitualmente, e incluso sugirió que se podrían haber utilizado procedimientos de emergencia entre los años 2020 y 2024 para «hacer negocio con dinero público», en perjuicio del sistema sanitario.
En paralelo, la jueza del mismo juzgado ha firmado otro auto en el que confirma la condición de la Junta de Andalucía como responsable civil subsidiaria en esta causa. Inicialmente, la administración autonómica solicitó figurar como parte perjudicada, pero el juzgado modificó esa condición el pasado 2 de abril, al considerar que la Junta podría tener responsabilidad civil derivada de los hechos investigados.
La investigación judicial continúa tras la comparecencia del director de la Central de Compras del SAS en Cádiz, Demetrio González, que tuvo lugar el pasado 30 de abril. Según consta en los autos, González se acogió a su derecho a no declarar y no ofreció explicaciones sobre la prórroga de contratos ni sobre la celebración de contratos menores, un hecho que motivó la presentación de un recurso de reforma por parte de Podemos Andalucía.
La causa, centrada en el presunto fraccionamiento de contratos por parte del SAS en la provincia de Cádiz, se enmarca en una serie de procedimientos judiciales que cuestionan la gestión de fondos públicos en el sistema sanitario andaluz. El avance de las diligencias, así como la personación de nuevas partes en el proceso, anticipa una investigación de gran relevancia política e institucional en Andalucía.
