El SAS recurre la decisión judicial al considerar que la prórroga carece de motivación suficiente, mientras Podemos celebra que la investigación continúe para esclarecer las posibles irregularidades.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha acordado prorrogar hasta el 2 de abril de 2026 el plazo máximo de investigación del caso de los contratos sanitarios en Cádiz, en el que se investigan posibles irregularidades en la contratación pública dentro del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La decisión judicial, fechada el 29 de septiembre de 2025, responde a una petición formulada por la representación del PSOE, a la que se adherieron Podemos y el Ministerio Fiscal, y que contó con la oposición del resto de partes personadas.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado recuerda lo establecido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que permite prórrogas de la instrucción por periodos de hasta seis meses cuando no sea posible finalizar la investigación en el plazo inicial. Según el magistrado instructor, aún existen diligencias pendientes de practicar, y podrían acordarse nuevas actuaciones en función del resultado de las mismas.
No obstante, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha presentado un recurso de reforma en el que solicita dejar sin efecto la prórroga, argumentando que la decisión judicial “carece de la motivación y concreción exigidas por la ley”.
En su escrito, el SAS sostiene que las acusaciones de PSOE y Podemos “no aportaron razones concretas ni señalaron diligencias específicas que justificaran la extensión del plazo”, y que el auto “no explica qué actuaciones restan por realizar ni su relevancia para la investigación”. El organismo sanitario insiste en que una medida “tan restrictiva de derechos fundamentales” debe estar “adecuadamente fundamentada”.
Por su parte, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha celebrado la prórroga y ha subrayado que la investigación debe continuar “hasta llegar al fondo de la cuestión”.
“Si desde el Gobierno andaluz no tuvieran nada que esconder, no se opondrían a que se investigue en profundidad”, afirmó Martínez, quien acusó al Ejecutivo autonómico de haber “desviado dinero público a la sanidad privada mientras se deterioraba lo público”.
El conocido como caso de los contratos sanitarios investiga presuntas irregularidades cometidas en procesos de contratación del SAS en la provincia de Cádiz, vinculadas a posibles fraccionamientos de contratos y adjudicaciones sin la debida justificación.
La prórroga de la instrucción permitirá al Juzgado proseguir con la práctica de nuevas diligencias, así como examinar documentación pendiente y tomar declaración a testigos o responsables implicados, en un procedimiento que se ha extendido durante más de un año y medio.
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