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Andalucía y más allá

El Ministerio de Consumo impulsa un cambio normativo para bloquear las llamadas comerciales no consentidas

El nuevo marco legal obliga a las operadoras a identificar y bloquear las llamadas comerciales no autorizadas, buscando proteger los derechos de los consumidores.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto un cambio normativo para luchar contra las llamadas comerciales no consentidas, conocidas como llamadas spam. A través de dos enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC), el gobierno busca regular de manera más estricta las comunicaciones comerciales y mejorar la protección de los consumidores.

La iniciativa, promovida por el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy y registrada en el Congreso de los Diputados tras un acuerdo entre los grupos parlamentarios de Sumar y PSOE, establece nuevas medidas que obligarán a las empresas a identificar las llamadas comerciales mediante un código numérico específico. Las operadoras telefónicas, por su parte, tendrán la responsabilidad de bloquear todas las llamadas comerciales que no utilicen estos códigos. Esto permitirá, según Bustinduy, que el Gobierno implemente un sistema eficaz para identificar y bloquear las llamadas no deseadas, adaptando el Plan Nacional de Numeración.

Una de las enmiendas también introduce una medida que declarará nulos los contratos cerrados a través de llamadas telefónicas no consentidas. De esta manera, se pretende desincentivar las prácticas comerciales abusivas y proteger el derecho del consumidor a decidir libremente sin ser presionado. Además, la normativa obligará a las empresas a renovar el consentimiento para recibir llamadas comerciales cada dos años, evitando que se utilicen autorizaciones indefinidas o ambiguas.

En su intervención, el ministro Bustinduy destacó que estas medidas responden al creciente volumen de quejas de la ciudadanía y a los testimonios de consumidores que se sienten presionados o confundidos por las llamadas comerciales no deseadas. Estas reformas buscan garantizar que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y de manera libre.

Además de las medidas contra las llamadas spam, el Ministerio de Consumo ha impulsado otras enmiendas dentro de la Ley SAC para fortalecer los derechos de los consumidores. Entre las propuestas destacan:

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  • La regulación de las renovaciones automáticas de contratos no deseadas, que obligará a las empresas a informar con 15 días de antelación sobre la renovación de servicios contratados online y a facilitar la baja en caso de no desear la renovación.
  • El control sobre las reseñas falsas publicadas en línea. Se limitará la publicación de reseñas a los 30 días posteriores a la compra o disfrute del servicio, evitando la compraventa de reseñas falsas y garantizando la posibilidad de que las empresas puedan replicar o eliminar reseñas no verídicas.
  • La obligación de incluir el precio final y definitivo de los productos o servicios ofrecidos de manera online, evitando que las empresas oculten o presenten costos adicionales a lo largo del proceso de compra.

Con estas modificaciones, el Ministerio de Consumo busca reforzar la protección de los derechos de los consumidores, adaptando la legislación a los nuevos retos que plantea la economía digital.

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