El nuevo sistema de reparación a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia entrará en vigor el 15 de abril
El nuevo sistema de reparación a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, acordado entre el Gobierno, el Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal, permitirá solicitar compensaciones simbólicas y económicas en casos donde ya no sea posible la vía judicial.
El nuevo sistema de reparación a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia comenzará a funcionar el próximo 15 de abril, tras la firma este lunes del protocolo que regula su puesta en marcha. El acuerdo ha sido suscrito en Madrid por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús D. Sariego.
El mecanismo está dirigido a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos no puedan ya ser perseguidos por la vía judicial, principalmente por prescripción de los delitos. La vigencia inicial del sistema será de un año, prorrogable por otro más.
El protocolo desarrolla el acuerdo alcanzado en enero entre el Gobierno, la CEE y la CONFER y establece un modelo mixto de reconocimiento y reparación. Las medidas podrán ser de carácter simbólico o restaurativo —como el reconocimiento institucional, el acompañamiento o la petición de disculpas— y también económicas, en función del daño causado y de los gastos derivados de posibles secuelas físicas o psicológicas.
Las compensaciones tendrán en cuenta la gravedad de los hechos, el perjuicio ocasionado y otras indemnizaciones que la persona afectada haya podido recibir previamente en el marco de mecanismos impulsados por la Iglesia, como el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA), creado en 2024. Quienes ya acudieron a ese sistema podrán recurrir ahora al nuevo procedimiento.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que se encargará de recibir las solicitudes, orientar a las víctimas en la presentación de la documentación y gestionar la comunicación entre las partes implicadas.
Por su parte, el Defensor del Pueblo constituirá una Unidad de Víctimas integrada por un equipo independiente de profesionales que evaluará cada caso de forma individualizada. Esta unidad elaborará una propuesta sobre el reconocimiento de la condición de víctima y el tipo de reparación correspondiente.
La Conferencia Episcopal y la CONFER participarán a través de una Comisión Asesora PRIVA, que emitirá un informe motivado sobre cada propuesta formulada por la Unidad de Víctimas. Además, se creará una Comisión Mixta con nueve miembros —representantes de las instituciones firmantes y de asociaciones de víctimas— para resolver por consenso los casos en los que no exista conformidad entre las partes.
El procedimiento se iniciará con la presentación de un formulario ante la Unidad de Tramitación. Tras el análisis del caso y la audiencia de las partes, la Unidad de Víctimas dispondrá de un plazo de tres meses para emitir una valoración de reconocimiento o denegación.
La Comisión Asesora PRIVA tendrá un máximo de dos meses para pronunciarse. Posteriormente, la persona solicitante contará con 15 días para manifestar su conformidad o presentar alegaciones. Si existe acuerdo entre todas las partes, la resolución será definitiva y se procederá a su ejecución.
En caso de desacuerdo, la Comisión Mixta intentará alcanzar una solución consensuada en el plazo de un mes. Si no se lograra, prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo.
El ministro Félix Bolaños afirmó durante el acto que la firma del protocolo supone un avance en el reconocimiento de las víctimas. El Defensor del Pueblo será el órgano encargado de garantizar la evaluación independiente de las solicitudes.
El nuevo sistema abre una vía administrativa para personas afectadas en todo el país, incluidas aquellas que residan en la provincia de Cádiz y que no hayan podido acudir a los tribunales. A partir del 15 de abril podrán iniciar el proceso a través de la Unidad de Tramitación que habilite el Ministerio.
