El número de víctimas y denuncias por violencia de género aumenta en Andalucía en el tercer trimestre de 2020 y se sitúa en niveles similares a los de los meses previos al confinamiento

El número de mujeres víctimas de la violencia machista fue de 8.776, un 0,5 por ciento menos que hace un año; el 6,65 por ciento de ellas se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar. Los órganos judiciales dictaron un total de 2.318 sentencias, de las que 1.760 fueron condenatorias

El fin del estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19 y, con él, de las medidas de confinamiento de la población, entre otras, han propiciado que los principales indicadores que miden la actividad de los órganos judiciales en la lucha contra la violencia de género vuelvan en el tercer trimestre de 2020 a niveles muy próximos a los del mismo periodo del pasado año.

Según el informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dado a conocer hoy, en el tercer trimestre de este año el número de denuncias ascendió en Andalucía a 9.251, un 0,4 % más que las registradas en el mismo periodo de 2019. Del mismo modo, el número de mujeres víctimas fue de 8.776, un 0,5 % menos, mientras que las órdenes de protección solicitadas aumentaron un 0,65 %. En el periodo analizado los órganos judiciales –juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales- dictaron sólo 147 sentencias menos que hace un año, en total 2.318, de las que el 75,92 % fueron condenatorias.

Si los datos del tercer trimestre de 2020 se comparan con los del segundo trimestre del año, que fue el más afectado por las consecuencias de la crisis sanitaria, se observa cómo las denuncias aumentaron un 33,93 %; el número de mujeres víctimas, un 33,67 %; las órdenes de protección solicitadas, un 23,1 % y las sentencias dictadas, un 95,44 %.

9.251 denuncias en los juzgados de violencia sobre la mujer

Entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, los juzgados de Violencia Sobre la Mujer registraron en Andalucía un total de 9.251 denuncias, 33 más que en el mismo periodo de 2019, lo que representa un incremento del 0,4 %. Siete de cada diez denuncias (el 72,60 %) las presentaron las propias víctimas directamente en el juzgado (101, el 1,09 %) o en comisaría (6.616, el 71,51 %), una proporción que se mantiene estable con respecto al año pasado.

El porcentaje de las presentadas por familiares sigue siendo muy bajo y también se mantiene en cifras muy similares a las de hace un año. Así, el entorno de la víctima presentó 5 denuncias en el juzgado (el 0,05 % del total) y 93 (el 1 %) ante la policía.

Mujeres y menores víctimas

Las mujeres víctimas de la violencia machista en la región andaluza en el tercer trimestre de 2020 fueron 8.776, lo que supone un descenso interanual del 0,5 %. En torno a siete de cada diez víctimas eran de nacionalidad española (6.642), mientras que el 24,3 % (2.134) tenían otras nacionalidades.

El número de víctimas menores tuteladas durante el trimestre analizado fue de 23. Este indicador, que se recogió por primera vez en el informe correspondiente al segundo trimestre de 2020, permite conocer el número de hijos e hijas menores de las mujeres maltratadas que son también víctimas de la violencia machista.

La ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 17,2 en toda España. Por encima de la media nacional se situaron Baleares (28,4), Comunidad Valenciana (23,5), Canarias (22,9), Murcia (21,6) y Andalucía (20,1).

La tasa más baja fue la de Aragón (con 9,9 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres), seguida de Castilla y León (11,2), La Rioja (11,4), Extremadura (11,6), Galicia (12,6), País Vasco (12,8), Navarra (13), Asturias (14,4), Cataluña (14,5), Castilla-La Mancha (15,1), Cantabria (15,4) y Madrid (16,8).

El 6,65 % de las víctimas se acogió a la dispensa de no declarar

En Andalucía, un total de 584 mujeres víctimas de la violencia de género –el 6,65 % del total- se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar como testigo contra sus agresores. Esta cifra es muy similar a la que se registró hace un año, cuando las mujeres víctimas que renunciaron a declarar fueron el 6,50 % del total.

El hecho de que una mujer víctima decida acogerse a la dispensa de la obligación legal de declarar no siempre supone la finalización del proceso judicial, pues la Fiscalía actúa siempre de oficio ante los delitos de violencia de género.

Órdenes de protección

El número de órdenes de protección solicitadas a los órganos judiciales experimentó un aumento interanual del 0,65 %. Si en el tercer trimestre de 2019 fueron 2.594, entre junio y agosto de este año ascendieron a 2.611. Se acordaron el 81,65 % de las solicitadas.

De esas 2.611 solicitudes de órdenes de protección (el total de las registradas en el trimestre analizado), 2.305 se dirigieron a los juzgados de violencia sobre la mujer y las 306 restantes, a los juzgados de guardia.

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron 1.877 órdenes de protección, cifra que representa el 81,43 % del total de las incoadas. Este porcentaje es muy similar al registrado hace un año, cuando fue del 77,37 %. Los juzgados de guardia, por su parte, acordaron el 83,33 % de las órdenes de protección incoadas, 255 en total. En el tercer trimestre de 2019, ese porcentaje ascendió al 82,05 %.

Medidas judiciales penales y civiles derivadas de las órdenes de protección

Los juzgados adoptaron un total de 22.050 medidas judiciales de protección a las víctimas (tanto mujeres como menores), cifra que corresponde a la suma de las pertenecientes al orden penal (17.657) y al civil (4.393).

De las 17.657 medidas penales acordadas, el 73 % (12.834) se dictaron en el ámbito de la orden de protección, mientras que las 4.823 restantes (el 27 %) se acordaron como medidas cautelares. Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (6.890), que representan el 69,06 % del total de las órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y la prohibición de comunicación (6.487), que representan el 65,86 %. La salida del agresor del domicilio se acordó en el 8,30 % de los casos y la prohibición de volver al lugar de los hechos, en el 5,38 %.

En cuanto a las medidas civiles, el 93 % de ellas (4.084) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y las 309 restantes (7 %), como medida cautelar. El 19,44 % de las medidas civiles estaban relacionadas con la prestación de alimentos y el 16,34 %, con la atribución de la vivienda, siendo ambas las adoptadas con mayor frecuencia. La suspensión de la guarda y custodia se acordó en el 4,07 % de los casos y la suspensión del régimen de visitas, en el 2,50 %.

Con respecto al mismo trimestre de 2019, ambos tipos de medidas experimentaron un descenso: la penales del 5,8 % y las civiles del 8,99 %.

Tres de cada cuatro personas enjuiciadas resultó condenada

Tras el parón provocado por el estado de alarma, el número de sentencias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) volvió a situarse en Andalucía en el mismo nivel que hace un año. En el tercer trimestre de 2020 se dictaron 2.318, frente a las 2.465 dictadas en el mismo periodo de 2019.

Algo superior ha sido el porcentaje de sentencias condenatorias, que en el periodo analizado ha ascendido al 75,92 % (72,33 % en el tercer trimestre de 2019), lo que significa que terminaron en condena tres de cada cuatro resoluciones. Así, del total de 2.318 sentencias dictadas, 1.760 fueron condenatorias y 558, absolutorias.

Los datos aportados por todos los órganos judiciales al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ponen de manifiesto que el mayor porcentaje de condenas a maltratadores se sigue dando en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 89,4 % de condenas sobre el total de sentencias dictadas (87,8 % en el mismo trimestre de 2019). Las sentencias condenatorias dictadas por las audiencias provinciales representaron un 86,36 % (88,46 % hace un año) y las sentencias condenatorias de los juzgados de lo penal representaron el 58,9 % del total (55,4 % en el segundo trimestre de 2019).

Juzgados de violencia sobre la mujer

En el trimestre analizado, los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la región andaluza ingresaron 10.098 asuntos penales, apenas un 7,8 % más que hace un año, cuando recibieron 9.370 asuntos de este tipo.

Estos juzgados enjuiciaron en el tercer trimestre de 2020 a 1.274 personas, frente a las 1.259 que se sometieron a juicio en el mismo periodo de 2019. Fueron condenadas un total de 1.139 personas, mientras que 135 resultaron absueltas.

Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan también demandas civiles –en su mayor parte divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos.

Juzgados de lo Penal

La actividad de los juzgados de lo Penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, experimentó un aumento con respecto al mismo trimestre de 2019. Estos órganos judiciales recibieron 1.548 asuntos, un 17,8 % más que hace un año, cuando ingresaron 1.314. Durante los meses del confinamiento, la actividad de estos juzgados había experimentado un descenso del 58,2 %.

En total, en el periodo analizado los juzgados de lo Penal dictaron 1.023 sentencias (hace un año sumaron 1.186), de las cuales 603 fueron condenatorias.

Audiencias provinciales

Las audiencias provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, castigados con penas de prisión superiores a cinco años, dictaron 22 sentencias (19 de las cuales fueron condenatorias), una cantidad prácticamente idéntica a la registrada en el tercer trimestre de 2019, cuando dictaron 26 sentencias.

Juzgados de menores

Finalmente, los juzgados de menores enjuiciaron entre julio y septiembre de este año a 20 menores de edad por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer.

A 16 de los 20 menores (80 % del total) se les impusieron medidas, lo que equivaldría a una sentencia condenatoria.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, señala que el número de denuncias registradas en el tercer trimestre del año es una prueba clara de las dificultades que las víctimas han tenido durante el confinamiento para pedir ayuda acudiendo a la comisaría o al juzgado. Si bien el total de denuncias es algo inferior a las que se registraron en el mismo periodo de 2019, los datos nos muestran que se vuelve a cifras muy similares.

Carmona quiere una vez más mostrar su apoyo a las mujeres víctimas, a quienes anima a denunciar, a poner en conocimiento de las instituciones la situación de violencia por la que están pasando; la denuncia es la única vía para que las instituciones implicadas en la lucha contra esta lacra pongan en marcha todas las medidas de protección y apoyo a la víctima, y todos los mecanismos dirigidos al enjuiciamiento, justo y con todas las garantías legales, del maltratador. El silencio de la víctima es una coartada para el agresor.

A la luz de los datos estadísticos, la presidenta del Observatorio ha insistido también en la necesidad de implicación del entorno de la víctima. Los porcentajes de denuncias presentadas por los familiares sigue siendo muy baja. Sólo un 2,40 % de las denuncias registradas se interpusieron por las personas más cercanas a la víctima. No deben olvidarse los devastadores efectos psicológicos que la violencia de género causa en las mujeres; el miedo a las represalias, el terror por sus hijos e hijas, el sentimiento de culpa, la vergüenza… todo ello atenaza a las mujeres víctimas a la hora de tomar la decisión de denunciar lo que les está ocurriendo.

Finalmente, Ángeles Carmona quiere recordar una vez más que las víctimas no están solas, pues son muchos los profesionales que trabajan en la lucha contra la violencia de género. Se trata de jueces (más de 1.000 en España), fiscales, letrados de la Administración de Justicia, efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, abogados, funcionarios, médicos forenses, psicólogos, asistentes sociales, etc., todos ellos formados en materia de violencia de género y en perspectiva de género, y todos volcados, cada uno desde su ámbito de responsabilidad, en ayudar a las víctimas y a sus hijos e hijas.

Aunque en España se ha avanzado mucho en los últimos años, concluye Carmona, las instituciones debemos seguir trabajando en la misma línea, incidiendo mucho en la formación especializada, con el objetivo último de erradicar definitivamente la violencia de género de nuestra sociedad.

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