La Comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en el Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox con la que el Parlamento se muestra favorable a que el Gobierno de España refuerce las penas contra los denominados «petaqueros», personas encargadas de transportar y suministrar gasolina a las narcolanchas.
En la exposición de la PNL, el portavoz de Vox, Benito Morillo, ha señalado que la actividad delictiva de las redes de tráfico de drogas «se vería mermada con la adaptación de las nuevas realidades a una legislación que refleje la gravedad de estas prácticas», provocando con ello «una disuasión efectiva con una imposición de penas específicas para el uso de las narcolanchas» pero «sobre todo» para el abastecimiento del combustible, «que en la actualidad solo está tipificado como una falta administrativa que se sanciona con una simple multa».
En ese sentido, ha asegurado que «combatir esa impunidad con penas más severas y duraderas, llevarían a su vez a llevar un mensaje claro a la juventud», entendiendo que «se influiría de una manera considerable» en su decisión de participar en hechos delictivos de este tipo.
El representante de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha intervenido en este debate afirmando que «el narcotráfico es un problema grave que no se soluciona con varitas mágicas» y que la solución a este asunto «tampoco es venir con medidas que ya prácticamente alguna de ellas están aprobadas», como la prohibición de usar narcolanchas.
«Acabar con el narcotráfico tiene muchísimas dificultades. Nosotros tenemos que poner todos los medios suficientes e intentarlo, pero no con varitas mágicas ni con demagogia», ha aseverado Delgado, quien ha argumentado que lo que se necesita es «un plan integral» y no un «hoy vamos a prohibir las narcolanchas, mañana el petaqueo, mañana no sé cuándo». «No, medidas integrales de riqueza, de puestos de trabajo, de oportunidades para la gente, para la juventud», ha aseverado Delgado, quien no obstante ha manifestado su voto a favor de esta PNL.
Por su parte, el portavoz del PSOE, José Aurelio Aguilar, ha calificado esta proposición de «innecesaria» al recordar que el Ministerio de Justicia «está estudiando» la reforma del Código Penal para castigar el aprovisionamiento de gasolina a las narcolanchas. A pesar de esto, ha entendido que «no está mal que se debata» este asunto.
Aguilar ha considerado que, además de establecer penas para el petaqueo de gasolina, «también es necesario dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de los medios adecuados, como ha estado haciendo el Gobierno de España, especialmente en los últimos años, en el Campo de Gibraltar», además de apuntar a «planes especiales y medidas sociales» en esta comarca que le den a la población «un futuro alternativo» al narcotráfico, y que esta no sea «una solución económica y fácil y muy rentable».
Por último, el portavoz del Partido Popular, José Ricardo García, ha tomado la palabra para comentar que la iniciativa de Vox es «bastante oportuna» y que «va en la línea» de lo que su partido ha presentado en el Congreso para «luchar de manera eficaz contra el narcotráfico».
En su opinión, «la alarmante situación que se está viviendo en el Campo de Gibraltar, donde las narcolanchas campan a sus anchas y los narcos se sienten cada vez más impunes, hay que seguir hablando, no solamente en la comisión, ni en el pleno del otro día, sino atajar ese problema lo antes posible».
«Es urgente tipificar la tenencia de gasolina como un delito autónomo cuando ésta supere ciertas cantidades y que se posibilite el decomiso de los instrumentos, vehículos, embarcaciones con las que se cometen estos delitos y el combustible», ha argumentado García anunciando una enmienda a esta PNL que ha sido aceptada en el debate por Vox.
En ese sentido, ha concluido defendiendo que «el Gobierno no puede seguir desoyendo las justas reivindicaciones de los profesionales, que conocen perfectamente de primera mano las dificultades para perseguir y condenar a los narcotraficantes y a sus colaboradores», añadiendo que «debe incorporar en el ordenamiento jurídico los instrumentos adecuados para castigar los comportamientos y operaciones de los grupos organizados».
La proposición no de ley ha sido votada al final de las intervenciones con el apoyo favorable de los cuatro grupos políticos presentes en esta comisión.