El Partido Popular ha presentado en el Senado de España una Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.
El Partido Popular ha destacado en la iniciativa presentada que “debe ser el objetivo primordial de la Administración penitenciaria velar por la vida, integridad física y salud tanto a los funcionarios de prisiones como de los internos, así como por sus derechos e intereses jurídicos”.
La Senadora María Mar Blanco, que ha sido la proponente de la toma en consideración, ha señalado que “todos los funcionarios de prisiones tienen la impresión de que sus problemas se quedan al otro lado del muro, encerrados en las prisiones. Y esa es una realidad que todos los grupos reconocemos a la perfección, porque nos hemos reunido con ellos en muchísimas ocasiones y así nos lo han transmitido”.
“Quiero agradecerles, en nombre de mi grupo del Grupo Parlamentario Popular, su presencia, pero, sobre todo, de verdad, queremos agradecerles de corazón su impagable labor, que realizan jugándose la vida en muchísimas ocasiones con unos medios precarios insuficientes. Por ello, gracias por estar aquí para defender esta iniciativa Vuestra iniciativa, a la que este grupo parlamentario, por mandato expreso de nuestro presidente Alberto Núñez-Feijoo, quiere poner voz en el Senado, quiere recoger una serie de reclamaciones que son las que demandan el conjunto de funcionarios de prisiones independientemente de su ideología”, ha reclamado la Senadora popular.
Por su parte, el Senador José Ignacio Landaluce ha reclamado lo que “es de justicia para unos profesionales que realizan una gran labor, y que se encuentran desemparados por parte del Ministerio de Interior, por lo que no vamos a cesar en solicitar que se les dote a estos funcionarios de la condición de agentes de la autoridad”.
“No se puede permitir que los medios materiales de los que disponen los funcionarios de prisiones sean insuficientes, y que no les permita realizar el ejercicio de su actividad con la protección suficiente”, señala Landaluce.