Según un informe de Intervención en 2019 se emitieron sin justificación unos 188 expedientes de pago por casi 9 millones de euros
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial, Pepe Loaiza, ha denunciado la falta de control por parte del gobierno provincial en el uso del dinero público y ha hecho referencia a dos informes de Intervención en los que se pone en evidencia la política financiera llevada a cabo.
Así, ha explicado que durante 2019 se emitieron 188 informes de pago por valor de más de 8.8 millones de euros fuera del control de la intervención en los que ha puesto la atención en que el 92,42 % son de materia de contratación y sobre todo en el Area de Igualdad por más de 4 millones de euros y en el de Recaudación por más de 3 millones
Loaiza ha apuntado que la mayoría de las facturas a que hace referencia la Intervención son por un importe menor a 5000 € pero la propia interventora alerta de que no se cuentan con datos suficientes que justifiquen que sean contratos menores o bien pagos fraccionados. Además, ha añadido que “incluso en el caso de ser contratos menores, estos deben tramitarse para catalogar como tal y no abonar como pagos directos.
Loaiza también ha incidido en que el Gobierno de Irene García ha autorizado el abono de otros contratos mayores como el de ayuda a domicilio conun importe de 2.7 millones de euros al margen de cualquier control
El portavoz popular ha lamentado que el pago arbitrario de facturas no es una circunstancia puntual ya que en 2018 los órganos de control ya advirtieron de esta situación “pero lejos de rectificar han seguido actuando con los mismos procedimientos fuera de lo legalmente establecido y lo peor de todo es que pretenden quitar importancia y dar imagen de normalidad ante lo ocurrido.
Igualmente, se ha referido al segundo de los informes de control financiero que fue puesto en conocimiento del pleno provincial en el que la propia Intervención cuestionaba el elevado montante a diferentes asociaciones por 3.5 millones durante los últimos tres años-, así como reparaba en la falta de control de las áreas de gestión en la ejecución y justificación de algunas de las ayudas
Para el portavoz popular no basta con dar conocimiento a pleno de los informes de control y deficiencias detectadas por la interventora provincial sino que la obligación de Irene García es actuar con transparencia y rigor en el uso del dinero de todos los gaditanos porque, además de actuar fuera de la legalidad, está creando una preocupante sombra de duda sobre la gestión por parte del gobierno que preside.
Por todo ello, Loaiza ha exigido a la presidenta de Diputación que explique si se han pagado estos servicios y qué procedimientos y trámites se han seguido para ello.