El diputado Nacho Romaní solicita la comparecencia del ministro del Interior y de la directora de la Guardia Civil para abordar el aumento del aprovisionamiento de narcolanchas y la paralización de leyes clave.
El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para informar sobre la magnitud que está tomando el petaqueo en las costas de Cádiz y proponer medidas concretas para frenar esta actividad vinculada al narcotráfico. La solicitud, presentada por el diputado nacional Nacho Romaní, busca que el Gobierno aborde de manera urgente el incremento de operaciones logísticas de las mafias en la provincia.
Según las mociones registradas en el Congreso, el petaqueo se ha consolidado como pieza clave en la logística de las organizaciones criminales, facilitando la introducción de hachís y cocaína, al tiempo que genera problemas de seguridad ciudadana y pone en riesgo a los agentes de la Guardia Civil. Romaní subraya que “la problemática es cada vez más preocupante; las noticias relacionadas con el petaqueo son diarias”.
El diputado cita cifras que reflejan el crecimiento de esta actividad: el combustible incautado para narcolanchas en Cádiz pasó de 2.350 litros en 2018 a casi 438.000 litros en 2024, y en los primeros meses de 2025 ya se ha registrado un aumento del 80% respecto al año anterior. “La provincia se está convirtiendo en un surtidor de combustible para las mafias, una realidad que requiere medidas más contundentes”, añade Romaní.
El PP de Cádiz critica la respuesta del Gobierno central, que considera “insuficiente” frente al auge del petaqueo. Desde hace más de un año, el partido viene reclamando que esta actividad adquiera la categoría de delito, con penas de hasta ocho años de cárcel, y que se sancione con penas superiores a quienes ataquen a agentes con embarcaciones. Sin embargo, esta proposición de ley permanece paralizada por el PSOE en la Mesa del Congreso, con hasta seis ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas que han dilatado su debate y puesta en marcha.
Romaní destaca que el endurecimiento de la legislación sobre transporte y almacenamiento de combustible es una demanda constante de jueces y fuerzas de seguridad. La Audiencia Provincial de Cádiz ya ha reconocido esta consideración en base al artículo 568 del Código Penal. A pesar de ello, denuncia que el Gobierno sigue frenando la modificación que permitiría un marco legal específico para considerar el transporte de combustible para narcolanchas como delito.
El diputado acusa al Ejecutivo de mantener un “negacionismo” sobre la gravedad del narcotráfico en la provincia y lamenta el abandono del Gobierno a la hora de atender las reivindicaciones en la lucha contra esta actividad criminal. Para Romaní, la creciente actividad de los petaqueros evidencia que el problema está cada vez más enraizado, reforzando a las organizaciones criminales y aumentando el riesgo para la seguridad de los ciudadanos y de los agentes.
La comparecencia solicitada tiene como objetivo que el Gobierno explique qué medidas se adoptarán para frenar el petaqueo y reforzar la seguridad en las costas gaditanas. Además, pretende visibilizar la necesidad de actualizar la legislación y garantizar un marco legal que permita sancionar de manera efectiva el suministro de combustible a narcolanchas, consolidando la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz.
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