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El PP plantea una nueva Ley de Costas para salinas, acuicultura y chiringuitos de Cádiz

Redacción 20 noviembre, 2026 4 minutos de lectura

Miguel Sastre defiende en Chiclana una nueva Ley de Costas que agilice los trámites y dé continuidad a las actividades económicas vinculadas al litoral

El Partido Popular se ha comprometido a impulsar una nueva Ley de Costas si llega al Gobierno de España, con el objetivo de modificar la regulación que afecta a salinas, esteros, explotaciones acuícolas y chiringuitos de la provincia de Cádiz. El número dos de la lista del partido al Congreso, Miguel Sastre, presentó la propuesta durante un encuentro con representantes de estos sectores celebrado en Chiclana.

La iniciativa pretende establecer reglas más claras para las concesiones y reducir los plazos administrativos relacionados con la acuicultura y otros usos económicos del litoral. El PP también plantea recuperar patrimonio marítimo en desuso para actividades que, según sostiene, sean compatibles con su conservación.

Sastre señaló que el partido ya promovió en el Congreso una reforma de la Ley de Costas, aunque la tramitación decayó al finalizar la legislatura. La aprobación de una nueva norma figura en el punto 208 de su programa electoral, que incluye el compromiso de aportar seguridad jurídica a los negocios instalados en el litoral.

El representante popular centró parte de su intervención en la situación de las salinas y los esteros de la Bahía de Cádiz, donde se desarrollan actividades tradicionales como la producción de sal, la pesca de estero y la acuicultura. Según los datos expuestos por el partido, alrededor del 15% de las salinas de este entorno natural permanece actualmente en actividad.

El PP relaciona el mantenimiento de estos espacios productivos con la conservación de los muros que actúan frente a la entrada del mar y con la vigilancia de zonas de marisma. También señala las posibilidades económicas asociadas a los productos de las salinas y a usos vinculados a la salud, entre ellos los baños salinos.

Los representantes del sector trasladaron durante el encuentro la existencia de casi una treintena de proyectos paralizados en las marismas de la Bahía de Cádiz. Esta cifra, aportada por el propio sector, fue utilizada por Sastre para reclamar una mayor coordinación entre administraciones y procedimientos más rápidos para resolver las solicitudes empresariales.

La propuesta del PP también aborda la situación de los establecimientos y servicios situados en la costa. De acuerdo con las cifras facilitadas durante la reunión, estas actividades mantienen más de 50.000 empleos en Andalucía, de los que unos 4.000 corresponden a la provincia de Cádiz.

El partido sostiene que los cambios previstos por el Gobierno central en el Reglamento de Costas pueden afectar a la continuidad de algunas concesiones. Frente a ese escenario, propone revisar la legislación estatal para ofrecer mayor estabilidad a las empresas y facilitar la renovación o tramitación de las autorizaciones.

Sastre defendió que la protección ambiental debe ser compatible con los usos económicos tradicionales del litoral. “No se puede proteger nuestro litoral a costa de asfixiar a quienes viven de él y contribuyen a conservarlo”, afirmó el candidato, quien puso como referencia la gestión de estas actividades desde administraciones más próximas al territorio.

En el encuentro participaron también la presidenta local del PP, Ascensión Hita; la secretaria de Organización del PP de Cádiz, Auxi Izquierdo; el coordinador de Medio Ambiente, Óscar Curtido, y Ana Bertón, número siete de la lista al Congreso. La reunión se desarrolló con representantes de las salinas, los esteros, la acuicultura y otras actividades vinculadas a la costa gaditana.

El planteamiento presentado en Chiclana incluye igualmente la continuidad de las medidas aplicadas por la Junta de Andalucía dentro de sus competencias sobre salinas y esteros. El PP considera que ese modelo debe trasladarse al ámbito estatal mediante una reforma que reduzca los tiempos de tramitación y delimite las condiciones aplicables a los negocios y proyectos situados en el dominio costero.