La diputada popular, María José García-Pelayo, pide que se pague únicamente por la energía consumida y se utilicen los fondos europeos para financiar nuevos regadíos y modernizar los existentes
Desde el Partido Popular de Cádiz lamentan, una vez más, los efectos que el tarifazo eléctrico está teniendo en la economía y en las casas de los españoles y la falta de respuesta útil por parte del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez.
Uno de los sectores más afectados por el tarifazo es el sector agrícola y especialmente el de regadío y en ese sentido, la diputada nacional del Partido Popular, María José García-Pelayo, ha anunciado que el Grupo Popular ha registrado una Proposición no de Ley para paliar el impacto que está teniendo la nueva metodología de cálculo de los costes eléctricos sobre la agricultura de regadío; que, según los cálculos de algunas organizaciones agrarias, habría encarecido la factura eléctrica un 1.000% en los últimos años, lo que supone un incremento de costes de producción hasta del 50% que está afectando al campo gaditano de manera muy negativa.
En este sentido, García-Pelayo recuerda que el Gobierno del Partido Popular aprobó en marzo de 2018 por Ley la posibilidad de la doble facturación eléctrica en regadíos, lo que supone que el sector pueda pagar en función del consumo energético en cada momento del año. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha aprobado el desarrollo reglamentario necesario para establecer el procedimiento a seguir, lo que obliga a los agricultores a continuar contratando y pagando la potencia máxima todo el año aunque sólo la utilicen durante, tres o cuatro meses.
Desde el Partido Popular señalan que “esta inacción, unida al olvido de financiación para los regadíos y los nefastos cambios introducidos en el cálculo de los costes eléctricos por el Gobierno de la nación, llevaron al Partido Popular hasta en dos ocasiones, en los últimos tres meses, a adelantarse y debatir en la Comisión de Agricultura del Congreso”, de la que forma parte García-Pelayo esta misma propuesta. La negativa de los grupos que sustentan al Gobierno a adoptar las medidas que proponía el PP ha impedido que hoy el problema este resuelto.
Hoy la energía supone ya cerca de la mitad del coste de la producción agrícola y ganadera en cualquier explotación de regadío, por lo que el encarecimiento exponencial de la factura de la luz saca a nuestros productos del mercado al costar mucho más producir en España que en cualquier otro país. En esta situación, España pierde competitividad respecto a países europeos con los que competimos, con la consiguiente reducción de exportaciones y aumento de las importaciones “Si no se cambia el rumbo tendremos dependencia alimentaria, comeremos lo que nos quieran vender y pagaremos lo que nos quieran cobrar otros”, ha advertido García-Pelayo.
“Una vez más la agricultura paga el pato del desgobierno de Sánchez”, ha lamentado la diputada popular, quien afirma que si se triplica el precio de la factura de la luz en época de riego con temperaturas superiores a los 30 grados “no hay cultivo que resista sin agua, ni habrá productor que pueda soportar el coste de regar sin perder dinero”. Este precio de la luz hace inviable la producción agraria.
MEDIDAS A IMPULSAR
Para evitarlo y ayudar a los agricultores a poder seguir desarrollando su actividad sin perder dinero, el GPP ha registrado, por tercera vez la Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a:
1. Promover y regular con carácter inmediato la doble facturación eléctrica prevista en la Ley 1/2018 a fin de poner en marcha un modelo de tarifación favorable y adaptado a las especiales características del sector agroalimentario español y con ello incentivar la incorporación de jóvenes y asegurar la rentabilidad de la actividad económica a él vinculada, como motor fundamental de la economía del medio rural.
2. Adoptar las medidas necesarias para evitar incrementos de facturación eléctrica en tanto se aprueba la nueva normativa.
3. Potenciar la implantación de energías renovables en el mundo rural como mecanismo de reducción de emisiones, ahorro de costes y, por tanto, complemento de los ingresos de los agricultores y ganaderos.
4. Desarrollar las acciones necesarias para un adecuado desarrollo reglamentario para evitar impacto negativo en las explotaciones del agro español de las previsiones legales de la inminente Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del anunciado Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
5. Incorporar la financiación de nuevos regadíos y modernización de los existentes a los planes para la reconstrucción económica de España post covid, especialmente en los Fondos Next Generation.