Los socialistas vuelven a concentrarse a las puertas del Palacio Provincial antes del Pleno para denunciar que la presidenta de la Diputación no responde a sus demandas, mientras alcaldes como Javier Ruiz Arana y Carlos García alertan de trato desigual y discriminación en el reparto de subvenciones, bajo la frase objetivo sectarismo en la Diputación de Cádiz.
El Grupo Socialista en la Diputación de Cádiz, acompañado por alcaldes y concejales de municipios gobernados por el PSOE, ha vuelto a concentrarse este miércoles frente al Palacio Provincial para denunciar lo que consideran una gestión basada en el “sectarismo” y en el “trato desigual” por parte del Gobierno del Partido Popular. La protesta se produjo antes de la celebración del Pleno, donde los socialistas reclamaron un trato institucional “ecuánime y respetuoso” con los representantes municipales. El conflicto sobre el supuesto sectarismo en la Diputación de Cádiz vuelve así al primer plano de la confrontación política en la institución provincial.
El vicesecretario general del PSOE de Cádiz y portavoz socialista en la Diputación, Javier Pizarro, afirmó que “no vamos a parar hasta que la presidenta escuche a nuestros alcaldes y alcaldesas”. Pizarro criticó que, por segunda vez consecutiva, no se permitiera la entrada de los regidores socialistas al Salón de Plenos y calificó esta decisión de “falta de respeto grave” a quienes representan la “política más cercana a la ciudadanía”. Asimismo, denunció que la llamada Oficina del Alcalde “no responde a los escritos ni solicitudes” de los municipios gobernados por el PSOE.
El alcalde de Rota y diputado provincial, Javier Ruiz Arana, incidió en que el equipo de gobierno está generando “una provincia de primera y de segunda” al priorizar subvenciones para municipios gobernados por el PP y dejar sin respuesta a los ayuntamientos socialistas. Subrayó que en su caso no ha recibido “ninguna contestación y ninguna subvención” mientras otros municipios sí obtienen recursos mediante modificaciones presupuestarias y subvenciones nominativas, lo que considera prueba de “discriminación política”.
Por su parte, el alcalde socialista Carlos García calificó la situación como “uno de los periodos más oscuros de la democracia provincial”, alertando de que la Diputación “ni atiende ni escucha” a los pequeños municipios y que está convirtiéndose en un “chiringuito para repartir subvenciones entre los ayuntamientos afines”. García defendió que la Diputación debe servir para garantizar igualdad de oportunidades en toda la provincia, especialmente en los municipios con menos recursos.
Durante el Pleno celebrado tras la concentración, el PSOE logró sacar adelante por unanimidad dos de las tres mociones presentadas. La primera, defendida por Javier Ruiz Arana, reclama actuaciones urgentes en las carreteras A-491 y A-2075, señalando el colapso del tráfico hacia Rota, la falta de desdoble en el tramo pendiente y la necesidad de un acondicionamiento integral de los accesos a la Base Naval. La segunda moción, defendida por la portavoz adjunta Ana Jarillo, exige mejoras inmediatas en el Servicio Andaluz de Teleasistencia, denunciando esperas de hasta 20 minutos y retrasos de más de medio año en la instalación de equipos.
La tercera moción, relativa a los Presupuestos andaluces para 2026, fue rechazada por el Partido Popular. Javier Pizarro criticó que las cuentas del Gobierno autonómico “dan la espalda a la provincia”, denunciando una ejecución presupuestaria del 5,15% en Cádiz y la falta de inversión en proyectos clave como el nuevo Hospital de Cádiz, la Ciudad de la Justicia o actuaciones viarias como el desdoble Antequera–Arcos o la A-491 de Rota. El portavoz advirtió que la falta de financiación afecta a sectores esenciales como la dependencia, la sanidad y las infraestructuras.
El PSOE asegura que continuará asistiendo a cada Pleno y movilizándose a las puertas de la Diputación hasta que “cesen los privilegios, la discriminación y la falta de diálogo con los ayuntamientos gobernados por el PSOE”. El grupo provincial sostiene que la institución debe recuperar su papel como garante de cohesión territorial y cooperación entre municipios, en lugar de convertirse —según los socialistas— en un instrumento de “beneficio exclusivo para los aliados del gobierno provincial”.
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