Araceli Maese lamenta que haya 112.000 personas esperando a que resuelvan y propone “aumentar la financiación, fortalecer los recursos humanos, mejorar las prestaciones y simplificar la gestión, en lugar de cambiar procedimiento y órganos de validación”.
La diputada en el Parlamento de Andalucía y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha denunciado esta mañana en una rueda de prensa los cambios- vía decretazo y sin consenso ni participación con los sectores implicados- que la Junta pretende incluir en el procedimiento de los expedientes de atención a la Dependencia y que solo generarán incertidumbre.
Sin consultar a los ayuntamientos y sin debate alguno en la cámara andaluza, el Gobierno andaluz pretende eliminar la obligación legal por la que son éstos los que inician el procedimiento y elaboran el Plan Individual de Atención (PIA) en la Ley de Dependencia. Así que la principal preocupación de los socialistas se centra en qué va a pasar con el personal destinado a esos equipos de valoración que conoce de primera mano la situación de cada familia, como ha puesto de manifiesto hoy la dirigente provincial. “Van a quitar a los trabajadores sociales de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones que atienden a los municipios de menos de 20.000 habitantes, la tramitación de las solicitudes y el PIA”, lamenta y advierte al respecto que “si le quitan las competencias a los ayuntamientos y diputaciones, harán recaer todo el sistema sobre la Junta que ya está desbordada y puede ser el caos”.
De hecho, la realidad demuestra, a juicio de Maese, que “Moreno Bonilla ha congelado la atención a las personas con dependencia” pues, según la diputada, “en ocho meses solo han atendido a 650 personas y hay 112.000 personas esperando a que resuelvan su expediente, muchos dependientes mueren sin recibir las ayudas y la atención debida”.
Lo más “retorcido” de la reforma que plantea el Gobierno de la derecha es precisamente que, a partir de ahora, se priorizarán los expedientes de dependencia moderada, relegando los casos de dependencia severa y gran dependencia. Maese recrimina a la Junta que de este modo, se vaya a retrasar la resolución de los 24.641 solicitantes que más lo necesitan, frente a quienes realmente tienen un menor problema, en torno a 41.163 dependientes moderados. “Lo hacen por una cuestión economicista, olvidando los criterios de justicia social y de intervención professional”, apunta.
Así las cosas, la parlamentaria andaluza cree que “no hace falta una reforma del sistema sino aumentar notablemente su financiación, fortalecer los recursos humanos, mejorar las prestaciones y simplificar la gestión”.
“Primero fueron a por la sanidad y la educación, ahora son las políticas sociales, y el gran baluarte de los Gobiernos socialistas, la atención a la dependencia, lo que corre serio peligro de desmantelamiento”, ha subrayado Maese que recuerda que “Moreno Bonilla fue el artífice cuando era secretario de Estado de los grandes recortes a la Ley de la Dependencia en el Gobierno de Rajoy y ahora sigue su camino queriendo vaciar de contenido los servicios sociales y la dependencia”.
Maese ha resaltado que “los ayuntamientos están rebelados contra esta decisión impuestas del Gobierno de la derecha y por eso le han dirigido una carta al presidente andaluz” y en la misma línea, asegura que “los alcaldes y alcaldesas saben perfectamente que lo que pretende Moreno Bonilla es que con la reforma no se conozcan los datos reales, los ayuntamientos no podrán dar respuesta puesto que no conocerán el estado de los expedients”.
La dirigente socialista reclama al Gobierno de la Junta que dé marcha atrás, que reconsidere la situación y se abra al debate con los sectores implicados si realmente necesita dar un impulso a la dependencia y anuncia una moción en los ayuntamientos y en la Diputación para defender el mantenimiento del personal que hasta ahora ha sacado adelante los expedientes y tiene la experiencia de reconocer y valorar las situaciones de dependencia.
Por último, ha puesto en valor el plan de choque anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por el que se van a repartir 600 millones de euros entre todas las CCAA para mejorar la financiación de la Ley de la Dependencia.