El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado su «preocupación por el sectarismo y las crisis internas en el gobierno de la Diputación Provincial, cada día más evidentes a pesar de que el PP y sus socios no han cumplido todavía ni 100 días en los respectivos cargos».
En una nota, Ruiz Boix ha afirmado que Almudena Martínez, «la presidenta paseante a la que no se le conoce todavía ningún tipo de propuesta, ha modificado ya tres veces la composición del gobierno provincial, mientras que el vicepresidente Ortiz ha perdido casi todas sus competencias, pasando de duque del Palacio a duquesito».
«En apenas 93 días les ha dado tiempo a repartir de forma sectaria 33 millones de euros y a pelearse entre ellos», ha afirmado Ruiz Boix, que se ha preguntado «si esta primera crisis de gobierno obedece a las exigencias de Antonio Sanz o si es cosa de Bruno García».
Asimismo, ha asegurado que «lo que verdaderamente preocupa a los socialistas de toda esta deriva es cómo puede afectar a los más de 1,3 millones de habitantes de la provincia de Cádiz, especialmente a los de los 34 municipios que fueron vetados y discriminados en ese reparto sectario de 33 millones de euros, que beneficiaba principalmente a cuatro grandes ciudades, con el premio gordo para La Línea, y que puede acabar en los tribunales».
En este sentido, Ruiz Boix ha anunciado, en su calidad de alcalde de San Roque, que su ayuntamiento también presentará alegaciones a ese expediente el próximo 19 de octubre, último día de plazo, y que habrá otros municipios que también lo harán, «reclamando igualdad de trato para todos los vecinos de la provincia». «Estoy convencido de que éste va a ser el expediente con mayor número de alegaciones de toda la historia de la Diputación de Cádiz», ha añadido.
Finalmente, Ruiz Boix ha afirmado que la presidenta de la Diputación, «Almudena Martínez, y sus socios todavía están a tiempo de enmendar esta golfada y abrir un proceso con transparencia y concurrencia competitiva, al que los 45 municipios de la provincia puedan presentar sus proyectos en igualdad de condiciones, y no únicamente, como ha ocurrido, aquellas gobernadas por el PP o por la marca 100×100».