El PSOE exige a la Diputación que reciba a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio y vigile el cumplimiento de los contratos en la Sierra de Cádiz

El PSOE exige a la Diputación que reciba a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio y garantice el control de las empresas ante la huelga indefinida convocada para el 9 de diciembre.

El PSOE exige a la Diputación de Cádiz que reciba de inmediato a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y que supervise con rigor el cumplimiento de las cláusulas de los contratos adjudicados a las empresas concesionarias. Así lo afirmó este miércoles el portavoz socialista en la institución provincial, Javier Pizarro, tras mantener una reunión urgente en Algodonales con empleadas del sector ante la convocatoria de huelga indefinida prevista para el próximo 9 de diciembre.

En el encuentro, celebrado junto a la diputada provincial Verónica Cubiles y los alcaldes de Algodonales, Olvera, Grazalema y Benamahoma, así como representantes municipales de Torre Alháquime y El Gastor, Pizarro anunció que el Grupo Socialista llevará al próximo Pleno dos exigencias formales. La primera, que la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, reciba a las trabajadoras, algo que —según denunció— no ha ocurrido pese a la gravedad del conflicto laboral. La segunda, que el Gobierno provincial active un seguimiento exhaustivo de los contratos con las empresas adjudicatarias del servicio.

El portavoz socialista reclamó a la institución que haga cumplir de manera estricta los pliegos firmados con Atende, Arquisocial y Fepas, empresas concesionarias del servicio en la Sierra de Cádiz. “La Diputación no puede permitir más incumplimientos mientras mira hacia otro lado”, afirmó Pizarro, que pidió una actuación inmediata ante el malestar creciente de la plantilla.

Durante la reunión, las trabajadoras expusieron una batería de denuncias relacionadas con presuntos incumplimientos laborales y de gestión. Según explicaron, las empresas y la Diputación mantienen bloqueadas altas de usuarios desde el mes de mayo, lo que genera una situación irregular: cuando fallece una persona usuaria, las empleadas acumulan “deuda de horas” que se traduce en fuertes descuentos en nómina. En algunos casos, aseguraron, estos recortes alcanzan los 700 euros mensuales, impidiendo a muchas trabajadoras mantener un salario digno.

Además, denunciaron que no se respetan las 48 horas de descanso establecidas en convenio, que faltan Equipos de Protección Individual, que no se abonan atrasos ni pluses festivos y que no se han actualizado los salarios conforme a la jornada de 38,5 horas. Las empleadas lamentaron también la falta de respuesta de la Diputación ante la situación que arrastra el servicio.

La representante sindical María Yanitza García Figuera, de UGT, intervino para subrayar que la plantilla está soportando condiciones laborales “insostenibles” y que la huelga indefinida se convoca como último recurso tras meses sin avances. Destacó que los retrasos en valoraciones y en la gestión de altas por parte de la administración están afectando tanto a las trabajadoras como a las personas dependientes de la comarca.

Los alcaldes y representantes municipales presentes mostraron su respaldo pleno a las trabajadoras, destacando la importancia social del servicio de ayuda a domicilio y la necesidad de que la Diputación asuma su responsabilidad como administración contratante. Coincidieron en que la situación debe resolverse con urgencia para garantizar un servicio digno a la población dependiente y condiciones laborales adecuadas a la plantilla.

En paralelo, Pizarro reivindicó la “política útil” y recordó el papel de la Ley de Dependencia aprobada por gobiernos socialistas hace dos décadas. Criticó la falta de apoyo del Partido Popular a esta normativa y reclamó a la Junta de Andalucía que incluya más recursos en los próximos presupuestos autonómicos para agilizar valoraciones y reforzar la atención a la dependencia.

Con la huelga indefinida prevista para el 9 de diciembre, el conflicto entra en una fase decisiva. El PSOE provincial insta a la Diputación a actuar con rapidez para abrir un diálogo directo con las trabajadoras y garantizar que las empresas concesionarias cumplen la normativa vigente, evitando que la situación se agrave tanto para la plantilla como para los usuarios del servicio.