Las parlamentarias andaluzas de PSOE por la provincia de Cádiz, Araceli Maese y Noelia Ruiz, ha reclamado a la Junta de Andalucía la reapertura para esta temporada del albergue juvenil de Inturjoven en el El Bosque que lleva año y medio cerrado.
Con ese propósito, las parlamentarias del PSOE van a elevar al Parlamento andaluz una propuesta para que el Gobierno andaluz desarrolle ya un plan de actuaciones de conservación y reparación para poner a punto al centro y que pueda ser utilizado cuanto antes, según ha explicado el PSOE en una nota.
Tras la visita efectuada por las dos diputadas al centro junto a la alcaldesa del municipio, Pilar García, han comprobado como «la Junta ha dado una patada para adelante al comunicarles que la reapertura está prevista para mayo o junio del 2022», lo que ambas consideran «injusto por discriminatorio respecto a otros centros turísticos de interior de la propia red que están abiertos o se abren en próximos días como es el caso del de Jaén».
Para la fecha que tienen previsto desde la Junta, el albergue de El Bosque llevaría ya dos años fuera de circulación lo que, a su juicio, «lo deja en clara desventaja competitiva frente a otras instalaciones».
Las razones para el cierre que dan desde el Gobierno andaluz se basan en criterios económicos y presupuestarios o que se iba a poner a disposición el centro de la Consejería de Salud en tiempo de covid, lo que no ha sucedido, ha señalado el PSOE, que ha añadido que «se podía entender que se cerrase durante la pandemia pero no que se mantenga cerrado cuando ya se han levantado las medidas restrictivas».
En cuanto al argumento de que no hay demanda, han afirmado que «en realidad es como la pescadilla que se muerde la cola ya que no hay demanda porque la que hay la desvían al albergue de Cortes de la Frontera».
Así, le han propuesto al gerente que «podrían ponerlo al servicio de las familias, al menos para pernoctaciones, si es que no pueden mantener el servicio de restauración y se asegurarían un mínimo de ingresos».
Las parlamentarias socialistas han manifestado que entienden el rechazo a esta propuesta como «una decisión política» y han defendido que «los servicios públicos tiene que estar por encima de la rentabilidad económica».