Ruiz Boix considera que ambas responsables están muy calladas ante el escándalo que confirma que el PP ha convertido la salud en un negocio
El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido hoy a la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Mercedes Colombo así como a la que fuera delegada territorial de Salud, Isabel Paredes, explicaciones por la imputación en el juzgado número 3 de Cádiz del director económico de la Central Provincial de Compras en la causa que investiga los contratos “en fraude de ley” detectados por la Intervención en el SAS que se hicieron en 2021 en la provincia de Cádiz por valor de 235 millones de euros.
“Colombo como máxima responsable de la Junta en la provincia y Paredes que era la titular de la delegación de Salud en el tiempo ahora bajo la lupa judicial tienen que aclarar qué está pasando en la Junta de Moreno Bonilla”, reclama Ruiz Boix que apunta “que se trata del primer imputado en la provincia de Cádiz y es solo la punta del iceberg porque se suma a otros tres gerentes del SAS que ya han sido imputados también en otra causa abierta en Sevilla por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de cientos contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2020 y 2024”.
El secretario general del PSOE gaditano asegura que “el modus operandi seguido por el PP corrobora lo que venimos denunciando como hemos hecho más de 100.000 personas este fin de semana en la manifestación de Sevilla y es que Moreno Bonilla ha convertido la salud en un negocio para sus amigos de las clínicas privadas”.
De este modo, recuerda Ruiz Boix que “el Gobierno andaluz adjudicó a dedo 1.225 millones en un año troceando cientos de contratos en las ocho provincias, como ha pasado en Cádiz y ya se está investigando”.
Así, se remite a las advertencias realizadas por “los interventores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que en las ocho provincias cuestionan el abuso de la contratación menor en 2021, que representó casi el 30% del total de contratos ese año denunciando esas prácticas de “fraccionamiento indebido y masivo para eludir la ley, al detectar “irregularidades” en nueve de cada diez facturas.
El dirigente socialista considera “un escándalo la información que obra en poder de la jueza titular del número 3 de Cádiz donde el interventor provincial del SAS y su equipo contabilizaron hasta 135.767 facturas al año que sumaban 235,4 millones en contratos menores, con una muestra analizada de 175 expedientes y un cien por cien de anomalías detectadas”.
“En definitiva, es tiempo de que ambas responsables den explicaciones con urgencia e inmediatez sobre esta fórmula interesada del PP de establecer un negocio para sus amigos, con clínicas privadas que siempre se favorecían las mismas y bajo el criterio de adjudicaciones directas que permitió la pandemia y que se mantuvieron dos años más, el 2022 y 2023 y la suma de contratos menores que se hicieron en 2024”, concluye.
