La secretaria general mantiene un encuentro con los alcaldes y alcaldesas en el que expresan su preocupación por la deriva y el devenir de un instrumento imprescindible para combatir el paro que hoy vuelve a encender las alarmas
La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha mantenido esta mañana un encuentro con alcaldes y alcaldesas del PSOE en la provincia, a instancia de los mismos, en el que han expresado su preocupación por la deriva y devenir de los planes de empleo de la Junta de Andalucía.
García ha apelado a los datos del desempleo conocidos hoy que “justifican la idoneidad de la reunión en la línea del PSOE de querer sumar desde todas las administraciones pero exigir también a aquellos que tienen la competencia”. La dirigente socialista recuerda que la EPA vuelve a reconocer a la provincia como la de mayor desempleo y el paro con la subida más de 4.000 desempleados y la pérdida de afiliados obliga a ese trabajo compartido y prioritario”, entiende la secretaria general que reseña que “este mes de enero es de los peores de los últimos años en una situación de agudización de la temporalidad, lo que tiene que tener un acompañamiento de iniciativas de empleo de manera especial”. En este sentido, ha lamentado que “el Gobierno del cambio en la Junta, desde la llegada de PP y Ciudadanos no haya aportado ninguna medida de calado y además hayan sido incapaces de cumplir sus promesas electorales y que quedó claro desde el minuto uno cuando el propio consejero negó los 600.000 empleos comprometidos en campaña por Moreno Bonilla”.
Dos cuestiones preferentes son las que han trasladado hoy los alcaldes y alcaldesas socialistas que serán objeto de una ofensiva institucional con iniciativas en todas las cámaras. De un lado, que la junta resuelva la situación generada a raíz de la sentencia de casación del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2019 que ha fijado de forma definitiva que elsalario de los trabajadores acogidos a los planes de empleo joven y empleo+30 de la Junta de Andalucía no puede ser inferior al del resto de los contratados por los ayuntamientos porque, en caso contrario, sería discriminatorio para esos empleados.
“La Junta de Andalucía tiene que hacer frente a ese problema que ha surgido con los sobrecostes laborales de estos contratos. Ni las arcas municipales están tan boyantes como para poder afrontar con recursos propios una cantidad de dinero que hace inviable la contratación de dicho personal. Ni la provincia de Cádiz puede permitirse el lujo de que se dejen de ejecutar estos planes y no se contraten a desempleados, renunciando a los planes como está pasando en otras provincias”, ha subrayado y en este punto, ha recalcado que “ya no caben excusas, deberían de dejar la susanitis a un lado y aplicar medidas correctoras, pues hay una sentencia de hace dos meses y ya llevan un año dentro del Gobierno y los Gobiernos están para aportar soluciones cuando ocurren cosas como éstas”.
Por otro lado, la secretaria general ha preguntado “qué va a ocurrir con los planes de empleo pues entiende que, “al no haber ninguna partida específica, eso inquieta sobremanera a los ayuntamientos”. “Los planes de empleo actuales fueron los aprobados por el Gobierno de Susana Díaz y no han aprobado ninguna iniciativa nueva y se puede dar la circunstancia de que después de muchísimos años, el Gobierno andaluz no tenga ninguna iniciativa con los ayuntamientos de esta provincia para poder contratar con las características y efectividad que tienen los planes de empleo”, ha insistido. Así con todo, Irene García ha exigido que “dejen de amenazar y de echar la culpa a los demás y que aprueben como mínimo la misma cantidad, 200 millones de euros que se destinaron a planes de empleo en nuestra tierra”. La dirigente socialista explica que “el Gobierno cumplirá con su parte en los PGE que contendrán también ese plan especial para Andalucía y Cádiz, a lo que se suma lo que está haciendo la Diputación donde en breve aprobaremos el sexto plan de empleo”. “Necesitamos que responda el que es titular de las políticas activas, que haga de verdad la tarea de la mano de los ayuntamientos sin que suponga un esfuerzo adicional que podría suponer la quiebra para los ayuntamientos”, ha subrayado.