El diputado socialista por la provincia de Cádiz en el Congreso, Jose Ramón Ortega, ha celebrado la aprobación en comisión de los dictámenes de las leyes de vivienda y de servicios de atención a la clientela. «»El Gobierno demuestra fortaleza y capacidad de diálogo manteniendo su actividad legislativa con importantes medidas que aumentan derechos, en beneficio de la mayoría social», ha subrayado.
«Que en España vayamos a contar por primera vez con una Ley de vivienda, es un avance indiscutible, mientras que la Ley de servicios de atención a la clientela, evitará problemas cotidianos de los consumidores en su relación con las empresas, cuando tengan que reclamar, informarse sobre su contrato, o darse de baja, situaciones por las que todos pasamos y que son frecuente fuente de conflictos», ha aseverado en un comunicado.
El diputado ha explicado que «mientras que el dictamen de servicios de atención a la clientela ha sido aprobado sin ningún voto en contra, lamentablemente el dictamen de la Ley de vivienda ha contado con la oposición del Partido Popular, que sigue defendiendo el modelo de vivienda de la burbuja inmobiliaria y la venta de viviendas a fondos buitre, en lugar de fomentar la vivienda pública».
«El PP tendrá que dar la cara ante la ciudadanía al respecto, en la próxima campaña electoral y tienen difícil explicación, porque decir que se oponen porque limitar la subida de los alquileres, puede suponer una subida de precios, no es creíble, cuando fueron precisamente sus políticas de vivienda las que han ocasionado mayor especulación, subida de precios y desprotección para las familias», ha remarcado.
El diputado, que ha sido ponente socialista en la Ley de servicios de atención a la clientela, ha abundado sobre esta norma que «cuando entre en vigor, las grandes empresas de servicios básicos de interés general, agua, energía, transporte de pasajeros y servicios postales, tendrán que elevar sus niveles de calidad de atención al cliente y se evitarán situaciones muy cotidianas como esperas al teléfono superiores a 3 minutos o ser atendidos exclusivamente por contestadores sin que te atienda una persona».
A su juicio, «se trata de que las empresas den las mismas facilidades en la atención de consultas y reclamaciones que cuando ofrecen contratar sus servicios».
Igualmente, ha explicado que se recogen otras cuestiones como que estas empresas no podrán cortar los servicios mientras haya una reclamación en curso o se haya planteado la misma ante un sistema extrajudicial de resolución de conflictos, de los que las propias empresas deberán informar. «Sin olvidar que estos servicios deberán garantizar el acceso de personas con discapacidad o de edad avanzada de manera efectiva, incluyendo el ámbito financiero», apostilla.
«Con la Ley de vivienda se prohibirá la venta de vivienda pública a fondos de inversión, se incentivará que salga vivienda en alquiler asequible, mediante bonificaciones y recargos fiscales, se establecerán medidas protectoras de los inquilinos en zonas tensionadas y se prohibirá que el inquilino pague los gastos de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato, entre otra medidas a las que el PP ha votado en contra, anunciando que recurrirá la norma y que no la aplicará donde gobierna», ha señalado.
Asimismo, ha afeado que «el PP sigue insistiendo en su política fracasada de la venta de viviendas públicas a fondos buitre y la especulación inmobiliaria, el negocio sin límite y por encima de todo, incluso del derecho a la vivienda, demostrando que sigue ajeno a las dificultades de la gente para acceder a la vivienda, aunque por fortuna, no cuenta con apoyos suficientes para frenar los avances que el gobierno de España está impulsando en favor de la mayoría».