El real decreto de financiación de ayuntamientos 2026 permitirá usar el superávit sin que compute en la regla de gasto
El real decreto de financiación de ayuntamientos 2026, aprobado el 2 de junio, habilita a los consistorios gaditanos y a la Diputación a destinar su superávit a inversiones en vivienda, industria o energía y prevé un aumento del 8,8% en las entregas a cuenta a las entidades locales.
Los ayuntamientos de la provincia de Cádiz y la Diputación podrán destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles sin que esas partidas computen en la regla de gasto. Así lo recoge el real decreto de financiación de ayuntamientos 2026 aprobado el pasado 2 de junio por el Consejo de Ministros, según explicó el ministro de Hacienda, Arcadi España.
La diputada del PSOE por Cádiz en el Congreso, Mamen Sánchez, valoró este jueves el alcance de la norma, que introduce medidas de mejora en la financiación territorial y amplía el margen de actuación de las entidades locales.
El decreto permite que los consistorios utilicen el superávit en actuaciones relacionadas con infraestructuras, energía, industria o vivienda. La principal novedad, según trasladó la diputada, es que estas inversiones no computarán en la regla de gasto, lo que facilita su ejecución sin afectar a los límites presupuestarios ordinarios.
En el caso concreto de la vivienda, la norma establece un régimen específico. Por primera vez, las inversiones financieramente sostenibles destinadas a vivienda podrán ejecutarse con carácter plurianual durante un periodo de hasta cuatro años. Esta medida pretende dar mayor estabilidad a los proyectos municipales en este ámbito.
El texto aprobado también recoge un incremento en la financiación general de las entidades locales. Las entregas a cuenta previstas para 2026 alcanzan los 29.247 millones de euros a nivel nacional, lo que supone un aumento del 8,8% —2.354 millones más— respecto al ejercicio anterior. Según los datos trasladados por el PSOE, se trata de la cifra más alta registrada hasta ahora.
Sánchez señaló además que, desde la llegada del actual Gobierno, los recursos transferidos por el Estado a los ayuntamientos han aumentado un 67,8%. La diputada defendió que esta evolución presupuestaria refuerza la capacidad de los municipios para afrontar inversiones y servicios.
El real decreto de financiación de ayuntamientos 2026 se enmarca en las medidas estatales de apoyo a la financiación territorial. En la provincia de Cádiz, donde numerosos municipios arrastran limitaciones presupuestarias derivadas de la regla de gasto y de la situación financiera acumulada en años anteriores, la posibilidad de emplear el superávit sin que penalice en el cómputo global puede abrir margen para nuevas actuaciones.
La norma afecta tanto a los ayuntamientos como a la Diputación Provincial, que también podrá acogerse a este mecanismo en caso de disponer de superávit. Las inversiones deberán cumplir los requisitos establecidos para ser consideradas financieramente sostenibles.
Desde el PSOE se defendió que el decreto facilita a las entidades locales abordar necesidades en materia de infraestructuras urbanas, políticas energéticas o promoción industrial, además de vivienda. La diputada pidió a la oposición respaldo a estas medidas en el ámbito institucional.
El texto fue aprobado el 2 de junio y su contenido fue detallado públicamente por el Ministerio de Hacienda en una comparecencia oficial. A partir de su entrada en vigor, los ayuntamientos deberán concretar las actuaciones que financiarán con cargo a su superávit conforme a los criterios establecidos.
En la provincia de Cádiz, la aplicación práctica del decreto dependerá de la situación presupuestaria de cada municipio y de la existencia de remanentes positivos. La medida introduce un nuevo marco para la gestión de estos fondos en un contexto de incremento general de la financiación estatal a las entidades locales.
