El Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC), con el respaldo del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), ha solicitado formalmente la apertura del juicio oral en el caso conocido como «Operación Flama». Esta investigación, que lleva años en marcha, acusa a altos responsables del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) de presuntos delitos de corrupción, incluyendo prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación pública.
La trama se remonta a 2013, cuando el SBC presentó una denuncia por irregularidades en la adjudicación de un seguro de jubilación complementario y cursos de formación. La investigación, que comenzó en el Juzgado de Instrucción nº3 de Cádiz, ha culminado con la imputación de diversos altos cargos del Consorcio, entre ellos, un expresidente, un exgerente, el actual director técnico y otros responsables clave en las áreas de formación, contratación y servicios estratégicos.
Según la instrucción, los implicados habrían desviado más de 7 millones de euros en fondos públicos a través de la adjudicación fraudulenta de un plan de pensiones complementario a una aseguradora, sin seguir los procedimientos de licitación necesarios y favoreciendo a una parte reducida de la plantilla. Este desvío de recursos es uno de los principales puntos de la investigación realizada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.
El Consorcio, mientras tanto, enfrentaba una falta crónica de inversión en equipos y materiales esenciales para el servicio público, lo que afectaba directamente a la calidad de la respuesta ante emergencias. A pesar de ello, en 2023, la nueva presidencia del Consorcio reconoció la existencia de más de 20 millones de euros en remanente líquido, provenientes en gran parte de contribuciones especiales de las aseguradoras. Estos fondos, destinados legalmente a la mejora de la seguridad y el equipamiento del Consorcio, no fueron utilizados adecuadamente.
Además, la Inspección de Trabajo ha respaldado esta situación con varias resoluciones que avalan las irregularidades. Sin embargo, el Partido Popular, a través de la administración actual del Consorcio, ha optado por no promover una investigación interna y ha mantenido a los responsables en sus cargos de confianza, lo que ha generado una creciente preocupación sobre el uso indebido de estos fondos.
El SBC, ahora respaldado por el SAB, ha continuado con su acusación particular a través de un servicio jurídico común, exigiendo responsabilidades penales y políticas. Ambos sindicatos denuncian que durante años han sufrido presiones para retirar la denuncia, pero su compromiso con la justicia persiste. La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado la continuación del procedimiento, y ahora se espera que el Juzgado resuelva la apertura formal del juicio oral tras una larga instrucción.
Este caso pone de manifiesto las posibles irregularidades en la gestión pública de los fondos destinados al Consorcio de Bomberos y la necesidad de exigir transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
