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El Tribunal Administrativo obliga a la UCA a retirar el pliego de condiciones del servicio de limpieza por graves irregularidades

La resolución anula el pliego por vulnerar los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia, y exige la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras

La Universidad de Cádiz (UCA) ha sido obligada a retirar el pliego de condiciones del servicio de limpieza tras una resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), que detectó irregularidades muy graves en el proceso. La anulación del pliego pone fin a un conflicto que Autonomía Obrera, sindicato de Cádiz, viene denunciando públicamente desde hace más de un año.

El TARCJA ha calificado de “vulneración de los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia” el procedimiento llevado a cabo por la UCA en la licitación del servicio de limpieza (Expediente nº EXP044/2024/19). La falta de transparencia y comunicación de la universidad ante las solicitudes del sindicato ha sido criticada duramente por el tribunal, que ha señalado que la actuación institucional se asemeja más a un “modelo mafioso” que al de un organismo público.

El conflicto se centra en que, durante años, el pliego ha contado con escasa participación de empresas licitadoras, un hecho atribuido a la falta de claridad y a las modificaciones en las condiciones del servicio, que han precarizado las condiciones laborales y afectado la salud laboral del personal. En la reciente licitación solo participaron tres empresas, de las cuales dos recurrieron la adjudicación alegando irregularidades y parcialidad por parte de la UCA.

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Entre las irregularidades denunciadas destaca la eliminación de más de 54.000 horas de servicio en comparación con el pliego anterior, sin informes que justificaran esta reducción, lo que ha repercutido negativamente en la salud laboral de las trabajadoras. A pesar de esta reducción, la dotación económica se incrementó en un 21%, aumentando las sospechas sobre la viabilidad y transparencia del proceso.

Además, se apunta a que las modificaciones realizadas en el pliego anterior favorecieron a la adjudicataria actual, provocando la amortización arbitraria de puestos de trabajo sin documentación adecuada durante años. El sindicato Autonomía Obrera denuncia que este modelo institucionalizado funciona como un “cortijo” que perpetúa la precariedad laboral y un sistema de “prestamismo” en el que la empresa adjudicataria solo actúa como pagadora de nóminas, sin garantizar condiciones dignas para las trabajadoras.

El TARCJA subraya también que el pliego contempla medidas que perjudican directamente al colectivo de trabajadoras, mayoritariamente mujeres (más del 95%), como la no cobertura de bajas por incapacidad temporal hasta pasados 18 días, incrementando el deterioro de su salud laboral.

Ante la contundente resolución, Autonomía Obrera exige que la UCA reabra el proceso de licitación tras un diálogo efectivo con los Comités de Empresa, incluyendo mejoras sociales y económicas en las nuevas condiciones, así como la recuperación de las horas y puestos de trabajo perdidos.

Esta decisión representa un hito en la defensa de los derechos laborales dentro de la Universidad de Cádiz y pone de manifiesto la necesidad de transparencia y respeto hacia las trabajadoras que prestan un servicio esencial en la institución.

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