El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha abordado con el Gobierno andaluz la falta de espacio que dificulta la celebración de macrojuicios por narcotráfico en el Campo de Gibraltar (Cádiz) y ha urgido a buscar «alternativas», como puede ser el uso de salas interconectadas telemáticamente de modo que puedan llevarse a juicio en un plazo razonable estas macrocausas que implican a decenas de acusados.
En una entrevista realizada en Canal Sur, recogida por Europa Press, Del Río explica que este pasado miércoles mantuvo una reunión con el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Manuel Alejandro Cardenete, en la que le transmitió esta «preocupación», pues hay procedimientos pendientes con entre 20 y 30 acusados, mientras que para finales de año o principios del que viene se espera una causa con más de un centenar.
El presidente del TSJA ha urgido a buscar «alternativas» para suplir esta falta de espacio como la implantación de una segunda sala complementaria de modo que ambas estén interconectadas entre sí por cámaras de televisión y de forma telemática. Ha recalcado que no solo es que haya juicios pendientes con una veintena de acusados sino que «hay muchísimas causas», mostrando en este sentido su preocupación por la cantidad de trabajo a la que se enfrentan los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, por las causas vinculadas al narcotráfico.
En la actualidad se están desdoblando las salas para que todas las semanas ininterrumpidamente se puedan celebrar juicios, pero si hay incidencias que obliguen a prolongar la vista oral o una suspensión aparecen dificultades para reanudarlo en otra semana distinta porque ya hay otros magistrados celebrando los suyos. Por ello, el presidente del Alto Tribunal andaluz ha considerado que «esa segunda sala complementaria es absolutamente fundamental», un asunto que ha trasladado a la Junta y sobre el que ayer «el director general de Infraestructuras me transmitió que se ponen en ello», ha informado.
Preguntado sobre el bloqueo de la renovación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Lorenzo del Río ha señalado que se trata de una «anomalía constitucional, institucional y un descrédito para el Estado de Derecho» y «eso tiene que dolerle a los políticos» porque resta «credibilidad».
Sobre la petición de indulto que ha solicitado Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada por sustracción de menores, ha señalado que el Tribunal Supremo, que fue quien hizo la interpretación jurídica de que debía ser condenada por un delito y no por dos –aunque fueran dos los menores sustraídos– analizará ahora si existen «razones de equidad» para su concesión, que es en definitiva de lo que se trata, ha dicho.