Empresarios de Cádiz respaldan la moratoria del Senado para frenar la demolición por la Ley de Costas
La Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz valora la moción aprobada en el Senado que plantea una moratoria sobre los procedimientos de deslinde y la demolición de edificaciones afectadas por la Ley de Costas en el litoral gaditano.

La Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (Aecca) ha respaldado la moción aprobada este miércoles en el Senado que insta al Gobierno central a aplicar una moratoria sobre los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y a suspender las demoliciones de edificaciones afectadas por la Ley de Costas.
La iniciativa, presentada por el Partido Popular, salió adelante en el pleno de la Cámara Alta con 151 votos a favor, 90 en contra y 16 abstenciones. Contó con el apoyo de PNV y Junts, mientras que otros grupos como ERC y EH Bildu se abstuvieron.
La moción plantea paralizar “cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición” estén en marcha y que puedan suponer la pérdida de derechos de propiedad o concesionales para particulares y empresas afectadas por estos procedimientos. Además, solicita al Ejecutivo garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en cualquier modificación del Reglamento General de Costas y convoca de forma urgente la Conferencia Sectorial para abordar estos cambios.
En la provincia de Cádiz, donde la actividad económica vinculada al litoral tiene un peso significativo, la decisión ha sido recibida con alivio por parte de empresarios afectados. Aecca, que agrupa a establecimientos como chiringuitos situados en las playas gaditanas, considera que la moratoria sobre la demolición por la Ley de Costas ofrece un margen de estabilidad mientras se debate una posible reforma normativa.
El presidente de la asociación, Antonio Guerrero, ha señalado que la aprobación de la moción supone “un poco más de fuerza y más de tranquilidad” ante la situación que atraviesan numerosos negocios del litoral. Según ha explicado, existe una proposición de ley para modificar la Ley de Costas que lleva “26 meses” bloqueada en la Mesa del Congreso.
Guerrero ha defendido que cualquier cambio debe abordarse mediante una modificación legislativa y no únicamente a través de un reglamento. A su juicio, intentar reformar el marco actual por la vía reglamentaria podría derivar en recursos judiciales ante el Tribunal Supremo.
La moción aprobada en el Senado incluye diez medidas y reclama una “revisión ordenada, seria y consensuada” de la Ley de Costas y del conjunto de la normativa que regula el litoral. Aunque su aprobación no implica cambios automáticos en la legislación vigente —al tratarse de una iniciativa de carácter instativo— sí supone un posicionamiento político de la Cámara Alta a favor de revisar los actuales procedimientos.
El debate sobre la aplicación de la Ley de Costas ha generado controversia en distintos puntos del litoral español, incluido el gaditano, donde algunos establecimientos y edificaciones se encuentran afectados por expedientes de deslinde o por la finalización de concesiones administrativas.
Desde Aecca se advierte de que, en función de la postura que adopte el Gobierno, los empresarios continuarán defendiendo sus intereses. La asociación insiste en la necesidad de dotar de seguridad jurídica a los negocios asentados en la costa, muchos de ellos con décadas de actividad vinculada al turismo y a la hostelería.
La Ley de Costas regula el uso y la protección del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo playas y zonas colindantes, y establece los criterios para concesiones y ocupaciones. Las revisiones de deslindes pueden afectar a edificaciones ya existentes si se determina que invaden dominio público.
A la espera de que el Congreso retome el debate sobre la proposición de ley mencionada por los empresarios, la moratoria sobre la demolición por la Ley de Costas se sitúa ahora en el centro de la discusión política y económica en el litoral gaditano.


