España aprueba la primera ley para prevenir el desperdicio de alimentos
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, la primera normativa estatal en España para luchar contra el despilfarro de alimentos. Esta ley, aprobada el 20 de marzo de 2025 en el Congreso de los Diputados, tiene como objetivo reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria y promover un uso más eficiente de los recursos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó que la ley se centra en la concienciación de la sociedad. «No hay alimento más caro que el que termina en la basura», subrayó Planas, al tiempo que enfatizó la necesidad de valorar el trabajo de los agricultores, ganaderos y pescadores y los recursos naturales utilizados para producir los alimentos.
La ley aboga por un enfoque ético, social y medioambiental, subrayando la importancia de evitar el desperdicio de alimentos no solo como una cuestión económica, sino también como un compromiso con la sostenibilidad y la justicia social. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se desperdicia aproximadamente el 30% de los alimentos a nivel mundial, un porcentaje que la ONU busca reducir a la mitad dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. En España, solo en los hogares, se tiraron a la basura 1.183 millones de kilos de alimentos en 2023.
La ley establece medidas para frenar el desperdicio en toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo final, en hogares, bares y restaurantes. Uno de los puntos clave es la obligación de tener planes de prevención y adoptar una jerarquía de usos, priorizando el consumo humano a través de la redistribución de alimentos, donaciones a entidades sociales y su transformación en productos como mermeladas o zumos.
También se impulsa la colaboración con bancos de alimentos y otras entidades sociales, promoviendo acuerdos escritos entre operadores y organizaciones para facilitar las donaciones. Los establecimientos de hostelería, salvo los de bufé libre, deberán permitir a los clientes llevarse los alimentos sobrantes en envases reciclables.
La ley incluye excepciones para las microempresas y pequeños comercios, así como un régimen de sanciones para aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos. Las infracciones leves, como no aplicar la jerarquía de usos, podrán ser sancionadas con multas de hasta 2.000 euros, mientras que las faltas graves, como no contar con un plan de prevención, se enfrentan a sanciones de hasta 60.000 euros.
El Gobierno ha puesto en marcha esta legislación como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible, la concienciación social y la reducción de residuos, estableciendo un camino para optimizar el uso de los alimentos y minimizar su desperdicio.
