Considera que es un claro ejemplo de la inseguridad y situación de inferioridad que padecen los inquilinos
FACUA Cádiz manifiesta su apoyo a María Muñoz, vecina del barrio del Pópulo de esta ciudad que, en el plazo de unas semanas, tendría que desalojar la vivienda en la que tiene fijada su residencia desde hace varias décadas tras un procedimiento de desahucio promovido por los propietarios de la finca, a pesar de la situación de vulnerabilidad que padece la inquilina por su avanzada edad (88 años) y por los escasos recursos económicos de los que dispone.
La vecina está contando con el apoyo de la Plataforma de Vecinos y Amigos de El Pópulo, que están llevando a cabo numerosas movilizaciones para denunciar su situación y que, a tal efecto, han recabado el apoyo de organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones públicas que están reclamando a los propietarios de la vivienda que desistan de su decisión y permitan a la inquilina permanecer en la vivienda. FACUA Cádiz ha contactado tanto con esta Plataforma como con los familiares de la afectada a los que han manifestado su solidaridad y adhesión.
A juicio de esta organización, el caso de María es un claro ejemplo de la inseguridad que padecen los inquilinos y de su situación de inferioridad frente a los propietarios de vivienda que, como en este caso, pretenden conseguir unos mayores ingresos con el alquiler de sus propiedades, acordes con los importes tan desorbitados que, en ciudades como Cádiz, se exigen actualmente, y que las familias en situación de vulnerabilidad, obviamente, no pueden permitirse.
En este sentido, la asociación lamenta que las políticas de mercantilización y desregulación implementadas durante décadas en España hayan convertido a la vivienda en un objeto de especulación, en beneficio exclusivo de bancos, fondos de inversión, empresas y grandes tenedores, lo que impide el ejercicio del derecho a disfrutar de una vivienda digna que consagra la propia Constitución Española.
Por ello, desde FACUA Cádiz vuelve a reclamarse que se dote a los inquilinos de una mayor seguridad y estabilidad frente a los aumentos de renta que imponga el mercado, y que, entre otras medidas, se impidan los desahucios en aquellos casos en los que las familias afectadas no dispongan de una alternativa habitacional o que, como en el caso de María Muñoz, concurran circunstancias que conviertan en un auténtico drama la obligación de abandonar la vivienda.