El pasado 6 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 897/2017, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Este decreto, calificado por FACUA como insuficiente e insolidario, viene a regular, sin solucionarla, la situación de vulnerabilidad de determinados sectores económicamente desfavorecidos afectados por la denominada Pobreza Energética.
Además de ello, y entre otras cuestiones que la nueva normativa establece, se encuentra la obligatoriedad de realizar una comunicación fehaciente con carácter previo al corte de suministro, clarificando que este aviso fehaciente ha de producirse en todo caso, tanto a usuarios del mercado regulado (comercializadoras de referencia que aplican el PVPC) como a aquellos que tienen contratado el suministro con comercializadora del mercado libre.
Por ello, la nueva normativa prohíbe a Eléctrica de Cádiz (comercializadora de Mercado Libre) interrumpir el suministro a sus clientes sin antes remitirles un aviso previo que les permita constatar la recepción por parte de éstos de dicha comunicación, tal y como la empresa viene haciendo en los últimos años, y por lo que ha sido objeto de una denuncia presentada por esta organización ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (competente en materia de consumo).
FACUA Cádiz señala que, si bien con arreglo a la normativa vigente con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, el comportamiento de Eléctrica de Cádiz era ya ilegal, la nueva norma establece de forma aún más clara y tajante la obligación, por parte de la empresa, de avisar de manera fehaciente antes de proceder al corte. Esta organización recuerda que, además, en el caso de Eléctrica de Cádiz, la mayoría de sus clientes fueron traspasados al mercado libre sin haberlo solicitado y sin haber modificado, por tanto, sus condiciones de contratación.
Al mismo tiempo, FACUA Cádiz vuelve a lamentar el comportamiento de Eléctrica de Cádiz, empresa cuyo capital, mayoritariamente, se encuentra en manos del Ayuntamiento de Cádiz, razón ésta por lo que considera que debiera dar ejemplo de respeto a los derechos de los usuarios. La asociación acusa a la empresa de mantener un comportamiento, además de ilegal, totalmente carente de sensibilidad, dado que es conocedora de que en la mayoría de los casos el retraso en el pago de las facturas no se encuentra originado por dejadez o mala fe, sino como consecuencia de la situación económica que padecen la mayoría de ellos.
FACUA Cádiz también acusa a la empresa de mantener hacia esta organización, ahora bajo la presidencia del Teniente de Alcalde David Navarro, la misma actitud de ninguneo hacia sus reivindicaciones que sufriera bajo la anterior presidencia, dado que lleva esperando, desde la constitución del nuevo Consejo de Administración de la empresa hace más de dos años, el establecimiento de un sistema garantista para la comunicación de los cortes de suministro, compromiso adquirido por el Gerente de la misma con esta organización.
FACUA Cádiz recomienda reclamar
Por todo ello, la asociación recomienda a los usuarios que padezcan o hayan padecido esta situación que reclamen ante la empresa, exigiendo la devolución del importe que abonen por la reposición del servicio, así como que se les indemnice por los posibles daños que el corte de los suministro pueda haberles originado (por ejemplo, alimentos que se deterioren).
Para ello, deben acudir a la oficina de esta empresa y cumplimentar en la misma la Hoja de Reclamaciones oficial de la Junta de Andalucía que en la misma deben tener a su disposición. Aquellos usuarios que sean socios de FACUA Cádiz o que se asocien a esta organización pueden también ponerse en contacto con el Servicio Jurídico de esta entidad para que desde éste se realicen las gestiones oportunas.