FACUA informa sobre la llegada de Cabify a Jerez y El Puerto y pide mayor control municipal

La asociación de consumidores advierte sobre las diferencias entre taxi y VTC ante la llegada de Cabify a Jerez y El Puerto y reclama a ambos ayuntamientos una supervisión más estricta de los servicios de transporte

La llegada de Cabify a Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María ha motivado que FACUA Cádiz emita un comunicado en el que informa a los usuarios sobre las diferencias entre el servicio de taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC), además de reclamar a ambos ayuntamientos un mayor control sobre estas actividades.

La asociación explica que la entrada de la plataforma en estos municipios introduce un nuevo operador en el ámbito del transporte urbano de viajeros, lo que obliga —según señala— a reforzar la vigilancia municipal para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección de los consumidores.

FACUA recuerda que el taxi es un servicio público con tarifas reguladas administrativamente y que puede contratarse directamente en la vía pública o en paradas habilitadas. Por el contrario, los vehículos VTC deben contratarse con carácter previo y funcionan bajo un régimen jurídico distinto.

En cuanto a los precios, la organización subraya que las tarifas del taxi están fijadas por la administración, mientras que en el caso de los VTC no existe regulación tarifaria. Las empresas deben informar previamente del coste del servicio, pero el importe puede variar en función de la oferta y la demanda, pudiendo ser inferior o superior al del taxi en determinados momentos.

También existen diferencias en la disponibilidad. El servicio de taxi, como servicio público, está obligado a mantener un número determinado de vehículos operativos, mientras que los VTC no tienen obligación de prestar servicio de forma permanente y cuentan con libertad horaria. Esto puede suponer que en determinadas franjas solo haya taxis disponibles.

En relación con las personas con movilidad reducida, FACUA Cádiz señala que los VTC no están obligados a disponer de un porcentaje de vehículos adaptados como ocurre con el taxi adaptado. No obstante, advierte de que las empresas no pueden rechazar una contratación por motivo de discapacidad. Además, si ofertan vehículos adaptados o aceptan una reserva para una persona usuaria de silla de ruedas, deben prestar el servicio en las condiciones acordadas y sin aplicar suplementos por transportar sillas, andadores o muletas.

La asociación recuerda que, independientemente del servicio elegido, los consumidores tienen derecho a recibir información clara sobre el precio del trayecto, identificar al conductor y al vehículo, solicitar justificante o factura y presentar reclamaciones en caso de incidencias. También pueden reclamar ante cobros indebidos o si las condiciones del servicio no se corresponden con lo contratado.

Ante la llegada de Cabify a Jerez y El Puerto, FACUA insta a los ayuntamientos de ambos municipios a ejercer sus competencias de inspección tanto sobre los VTC como sobre el taxi. En su comunicado, pide que se compruebe el cumplimiento de las autorizaciones administrativas, las condiciones de prestación del servicio, la correcta aplicación de tarifas cuando proceda y la disponibilidad de hojas de reclamaciones.

La organización señala que la supervisión debe aplicarse con criterios de imparcialidad para evitar situaciones de competencia desleal entre operadores y garantizar que todas las modalidades de transporte cumplan las obligaciones legales vigentes.

La incorporación de Cabify se produce en un contexto en el que el sector del transporte urbano de viajeros mantiene un debate abierto sobre la regulación y el equilibrio entre taxis y VTC, especialmente en ciudades medias y destinos turísticos. En este escenario, FACUA sitúa el foco en los derechos de los usuarios y en la necesidad de que las administraciones locales refuercen los mecanismos de control ante la nueva oferta de movilidad.