FACUA lleva al Defensor Andaluz la retirada de una ayuda al alquiler en Cádiz

La asociación reclama que el Ayuntamiento explique los criterios aplicados para cancelar en febrero de 2026 la ayuda al alquiler en Cádiz que recibía un afectado de 74 años desalojado en 2015.

FACUA Cádiz ha trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz el caso de un vecino de 74 años al que el Ayuntamiento retiró en febrero de 2026 una ayuda al alquiler en Cádiz. La asociación también ha presentado alegaciones contra la resolución municipal que inadmitió su petición de información sobre los criterios utilizados para cancelar la prestación.

Según el relato de FACUA, el afectado solicitó al Consistorio conocer el baremo, el límite de ingresos y las demás condiciones que se habían tenido en cuenta para suprimir la ayuda. La prestación le había sido concedida después de que tuviera que abandonar en 2015 la vivienda de la calle Arbolí en la que residía de alquiler desde hacía más de 40 años.

La salida del inmueble se produjo tras la expropiación municipal de la finca situada en el número 11 de esa calle y una orden de desalojo por motivos de seguridad. La asociación sostiene que la situación económica del vecino no le permitía afrontar por sí solo el alquiler de otra vivienda y que esa circunstancia motivó la concesión de la ayuda posteriormente retirada.

El afectado acudió a FACUA Cádiz después de no obtener respuesta a su solicitud inicial. La organización reiteró la petición en su representación para conocer las razones concretas de la cancelación y los criterios económicos o sociales empleados por el Ayuntamiento.

Tras varios meses de espera, siempre según la versión ofrecida por FACUA, el Consistorio inadmitió la solicitud de la asociación con argumentos relacionados con la acreditación de la representación del afectado, la normativa sobre protección de datos y la exclusión del asunto del ámbito del Sistema Arbitral de Consumo.

FACUA rechaza esos motivos y señala que su escrito no planteaba la celebración de un arbitraje de consumo, sino una solicitud de información sobre una decisión municipal. La entidad también defiende que está legitimada para representar a uno de sus afiliados en este procedimiento y ha recurrido la resolución mediante la presentación de alegaciones.

La reclamación elevada al Defensor del Pueblo Andaluz pide que el Ayuntamiento facilite al afectado una respuesta “clara, concreta y motivada”, además de la información empleada para resolver la cancelación de la ayuda. La asociación considera que esos datos son necesarios para que el vecino conozca las razones de una decisión que afecta al pago de su vivienda.

El caso también incluye una petición relacionada con el futuro de la finca de la calle Arbolí de la que fue desalojado. Tanto el afectado como FACUA han solicitado información al Ayuntamiento y a la empresa municipal de vivienda, Procasa, sobre la rehabilitación anunciada del edificio y su destino como viviendas sociales.

La organización ha preguntado además si el antiguo inquilino podría ser realojado en esa misma finca una vez ejecutada la actuación. FACUA afirma que ni el Consistorio ni Procasa han contestado a esta cuestión.

La asociación vincula la reclamación con la situación de vulnerabilidad económica de la familia y sostiene que, once años después del desalojo, el afectado aún no ha accedido a otra vivienda a través de una alternativa municipal. Esta consideración forma parte de la denuncia presentada por la entidad y de su petición de intervención al Defensor del Pueblo Andaluz.

Además de solicitar una explicación sobre la ayuda, FACUA reclama una respuesta sobre las posibilidades habitacionales del vecino. La organización critica la actuación municipal en este expediente y pide que se revise la inadmisión de la solicitud de información, mientras se tramitan las alegaciones formuladas contra la resolución.